La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el documento que definió las reglas para la elección de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de víctimas, en los comicios de 2026.
Según la resolución 6865 de 2025, este reglamento introduce ajustes sustanciales para fortalecer la participación de mujeres, incorpora la figura de promotores del voto en blanco y establece un calendario preciso para la inscripción de candidaturas.
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La medida responde tanto a la necesidad de cumplir el Acuerdo de Paz firmado en 2016, al igual que una orden de la Corte Constitucional, que en 2022 prorrogó estas curules por dos periodos adicionales, extendiendo su vigencia hasta 2030 como parte de una reparación transformadora.
“La organización del proceso electoral en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz requiere condiciones logísticas, técnicas, humanas y financieras diferentes a las previstas para las elecciones en las demás circunscripciones del país”, se lee en el documento que fue divulgado por el medio citado.
Reubicación de puestos
Uno de los ejes de la nueva normativa, citada por el medio de comunicación, es la reubicación de puestos de votación en las 16 subregiones que agrupan a los 170 municipios más afectados por el conflicto armado.
La resolución estipula que la creación o traslado de estos puestos podrá realizarse hasta seis meses antes de la elección, siempre mediante un proceso de concertación con las comunidades beneficiarias.
Esta disposición busca adaptar la logística electoral a las realidades de territorios históricamente marginados y de difícil acceso, donde la actualización de la cartografía electoral y la identificación de riesgos resultan fundamentales para garantizar el derecho al voto.
Inscripción de candidaturas
En cuanto a la inscripción de candidaturas, la resolución mantiene las condiciones de la elección anterior: podrán postular listas las organizaciones de víctimas, sociales, campesinas, de mujeres, étnicas, pueblos Rrom o gitanos y grupos significativos de ciudadanos con presencia en los territorios Citrep.
También se permite la participación de personas en condición de desplazamiento. Se excluye expresamente a partidos o movimientos políticos con personería jurídica.
“Las listas deberán ser cerradas, paritarias y alternadas, con al menos una mujer en los dos primeros lugares, y todos los candidatos deben residir en la circunscripción correspondiente”, señala la Registraduría en la normativa.
La resolución introduce dos novedades relevantes. Por un lado, elimina el requisito que obligaba a las organizaciones de mujeres a acreditar experiencia en trabajo con víctimas del conflicto armado, una exigencia que había sido señalada como discriminatoria en el anterior Decreto 1207 de 2021.
Por otro, permite la inscripción de promotores del voto en blanco, quienes deberán cumplir los mismos requisitos que los grupos significativos de ciudadanos, ampliando así las opciones de representación para quienes no se identifiquen con las listas postuladas.
En materia de censo electoral, la resolución establece que las personas que obtengan su cédula de ciudadanía en las zonas Citrep podrán acreditarse para votar hasta dos meses antes de la elección. Además, se prevén medidas especiales para la actualización y vigilancia del censo en estos territorios, con el objetivo de proteger la integridad del proceso y la participación de las comunidades.
El periodo especial para la inscripción de candidaturas comenzará cuatro meses antes de la fecha de las elecciones, es decir, en noviembre de 2025, y se extenderá durante un mes.
Las listas serán recibidas por los delegados departamentales del Registrador Nacional y, una vez radicadas, no podrán modificarse ni reemplazarse, una medida que busca evitar maniobras de última hora y fortalecer la transparencia del proceso.
Críticas a la resolución
A pesar de estos avances, varios sectores expresaron su preocupación frente a la falta de normativa legal. El congresista Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, ha manifestado inquietud por la concentración de la responsabilidad en los registradores municipales.
“Me parece a mí que esa responsabilidad tan apremiante y tan sensible de crear, de reubicar, o de trasladar puestos de votación esté en cabeza únicamente del registrador municipal, no debería ser. Esto debe corresponder al Comité de Seguimiento Electoral, que es un comité interinstitucional”, indicó.
Por su parte, Carolina Varela, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en declaraciones a El Espectador, sostuvo que “aún faltan cosas como el tema de la financiación, la plata que te dan por reposición de votos. Hay que debe reglamentar tanto el gobierno como el Consejo Nacional Electoral”.
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