Petro pidió demandar sanciones impuestas por Estados Unidos a juez de Brasil: “Rompen la Convención Americana de Derechos Humanos”

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos de sancionar al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes por presuntamente estar utilizando su cargo para “autorizar detenciones arbitrarias” y afectar la “libertad de expresión”. El togado impuso medidas cautelares al expresidente de ese país Jair Bolsonaro.

“De Moraes es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro. La acción de hoy deja claro que el Tesoro seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”, aseguró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, citado en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer mandatario colombiano se pronunció al respecto, asegurando que las sanciones establecidas por el Gobierno norteamericano “rompen” la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo que solicitó que la medida sea demandada.

“Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva. EE. UU., Colombia y la mayoría de las naciones de las Américas nos comprometimos a firmar la Convención Americana de los Derechos Humanos”, indicó en su cuenta de X.

Asimismo, cuestionó al Gobierno de Donald Trump sobre la solidez de su apego a lo establecido en la convención: “¿Quiere el gobierno de los EE. UU., romperla unilateralmente?”.

Por su parte, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, respaldó la decisión tomada por el presidente y por el Departamento del Tesoro, asegurando que envía un mensaje a todos aquellos que no protejan los derechos de la ciudadanía, independientemente del cargo que tengan.

Pues, las sanciones están sustentadas en la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos, que permite adoptar medidas en contra de personas extranjeras que incurran en graves abusos contra los derechos humanos.

“Que esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas: la toga judicial no los protege”, señaló.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las sanciones impuestas al juez implica el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes del togado que estén en Estados Unidos, los cuales también debe ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento.

Asimismo, cualquier entidad que de la cual sea propietario de manera directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50% o más, también será objeto de bloqueo. Y, también prohibió que ciudadanos estadounidenses o que estén en Estados Unidos hagan transacciones que involucren los bienes de la persona sancionada, es decir, el juez Alexandre de Moraes. Este último punto solo podría ser inaplicable si la Ofac emite una licencia general o específica que así lo establezca.

“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La Ofac puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva”, precisó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Previamente, las autoridades migratorias estadounidenses revocaron la visa del juez y de su familia por presuntamente participar en una campaña de censura en contra de ciudadanos estadounidenses. Esto, debido a que el funcionario judicial emitió órdenes de captura e impuso medidas de prisión preventiva contra periodistas y usuarios de redes sociales que residen en el país norteamericano. Además, congeló activos y revocó pasaportes de algunos de sus críticos.

“Ha dado órdenes directas a empresas de redes sociales estadounidenses para que bloqueen o eliminen cientos de cuentas, a menudo las de sus críticos y otros críticos del Gobierno brasileño, incluyendo ciudadanos estadounidenses”, detalló el Departamento del Tesoro.