Personería de Cali adviritió colapso de centros carcelarios en la ciudad ante la masiva llegada de presos desde Ecuador

La decisión del Gobierno ecuatoriano de deportar a mil ciudadanos colombianos detenidos en sus cárceles puso en el centro del debate la situación carcelaria de ciudades como Cali.

Ante el inicio del traslado de estos internos y la reacción diplomática de las autoridades colombianas, se multiplicaron las advertencias sobre el impacto que tendrá la devolución masiva en el sistema penitenciario del país.

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A propósito, la Personería Distrital de Cali emitió una alerta sobre las condiciones de la cárcel de Villahermosa, principal centro penitenciario de la ciudad, que ya enfrenta un hacinamiento desbordado.

El personero Gerardo Mendoza Castrillón precisó que la capacidad oficial del establecimiento es de 1.884 personas, pero actualmente alberga 3.769 internos, lo que compromete su funcionamiento.

Mendoza afirmó: “Frente a la deportación de los mil privados de la libertad a Colombia, provenientes del Ecuador, valdría la pena preguntarse en qué condiciones jurídicas y judiciales se repatrian estas personas; en tanto que, de venir a cumplir condena en nuestro país, Cali no estaría en capacidad de recibirlos, por cuanto no se cuenta con las condiciones operativas y logísticas para albergar este alto número de personas”.

A este escenario se suma la situación de las estaciones de Policía, empleadas como centros de detención temporal, donde el hacinamiento supera el 800%.

De acuerdo con el personero, se estima que cerca de 400 ciudadanos colombianos deportados por Ecuador podrían ser ubicados en la cárcel de Villahermosa para continuar cumpliendo sus condenas, una perspectiva que generó preocupación en las autoridades.

“Se estableció que debido a la masiva deportación de nacionales privados de la libertad por parte del gobierno ecuatoriano, de los cuales unos 400 de ellos podrían ser trasladados a la cárcel Vistahermosa de Cali, esta situación se constituye en motivo de alarma”, dijo puntualmente Mendoza.

Por ello, la Personería instó al Gobierno nacional a intervenir, advirtiendo que “es muy grave el nivel de hacinamiento carcelario que enfrenta actualmente el sistema local”.

Mendoza sostuvo que tanto la Presidencia, la Cancillería como el Ministerio de Justicia serán responsables de lo que sobrevenga en materia humanitaria y de derechos humanos para los internos.

Asimismo, enfatizó que se deben contemplar las condiciones de salud de quienes serán deportados, ya que el traslado masivo podría agravar los problemas ya existentes en la infraestructura penitenciaria caleña: “hacemos un llamado al Gobierno nacional para que no deje sola a Cali con esta problemática social”.

De otro lado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió el procedimiento adoptado para la deportación asegurando que “se han seguido los procedimientos legales, se ha estado en contacto con Cancillería, pero nosotros no podemos mantener a mil presos colombianos en cárceles ecuatorianas, y encima siendo grupo prioritario”.

Noboa recalcó que los presos extranjeros reciben en ocasiones prioridad en servicios, situación que considera insostenible.

“(...) un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo en salud sobre un joven ecuatoriano de 20 ó 21 años, porque los PPL (personas privadas de la libertad) son grupos prioritarios”, dijo en entrevista con Radio Sucre.

El Ministerio del Interior de Ecuador, a través de John Reimberg, puntualizó que los deportados tendrán prohibido su ingreso al país por 40 años, remarcando que la medida busca impedir que “el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”.

Por su parte, la Cancillería colombiana expresó su inconformidad tras calificar el procedimiento ecuatoriano como unilateral y sin el protocolo adecuado para la plena identificación de los deportados, lo que podría aumentar la incertidumbre sobre el destino de las personas trasladadas y la respuesta institucional de Colombia.