La marihuana producida en el Cauca no solo abastece el consumo interno colombiano. Buena parte de esa droga tiene como destino Brasil, utilizando el departamento del Putumayo como corredor estratégico.
En ese trayecto, el grupo armado residual Comandos de Frontera ha implementado un sistema ilegal de cobro de “peajes” a los narcotraficantes, una práctica que les genera ingresos millonarios y fortalece sus capacidades militares y logísticas.
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Así lo reveló el general Yor William Cotua, comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva de la Cuarta División del Ejército, quien advirtió sobre la sofisticación de las economías ilícitas que operan en la región.
“Ellos cobran una especie de peaje por permitir su tránsito hasta Brasil”, aseguró el oficial al medio El Tiempo, señalando que el narcotráfico ya no se limita a la producción y distribución local, sino que hace parte de una red transnacional que involucra alianzas con carteles brasileños como el Comando Vermelho y el uso de rutas fluviales que atraviesan zonas de difícil acceso.
Un corredor estratégico hacia el Brasil
El Putumayo, por su ubicación fronteriza y la presencia del río homónimo, se ha convertido en un punto clave para el traslado de drogas hacia Brasil.
Aunque el departamento no es productor de marihuana, en lo corrido de 2025 las autoridades han incautado 5.600 kilos de esta sustancia.
“Son cargamentos que provienen del Cauca y utilizan el Putumayo como corredor hacia el Brasil, donde el valor de la marihuana se multiplica”, explicó Cotua.
Un caso reciente evidenció la dimensión de estas operaciones: la incautación de 650 kilos de marihuana que, de haber llegado al mercado brasileño, habrían alcanzado un valor cercano a los dos mil millones de pesos.
Según el medio citado, una vez en ese país, organizaciones como el Comando Vermelho tienen la capacidad de distribuir la droga hacia otros mercados internacionales, aumentando aún más las ganancias y complejizando el rastreo de las rutas ilícitas.
El cobro de peajes por parte de los ‘Comandos de Frontera’ funciona como un mecanismo de control territorial.
Este grupo armado, heredero de estructuras disidentes de las Farc, no solo regula el paso de cargamentos sino que impone normas de circulación, restringe el ingreso de actores externos y utiliza tácticas de guerra como la instalación de minas antipersona para blindar sus áreas de influencia.
Golpes a las economías ilícitas
Frente a este panorama, la Vigésima Séptima Brigada de Selva desarrolla el plan de campaña Ayacucho Plus, enfocado en debilitar las finanzas de las organizaciones criminales.
Uno de los resultados más recientes fue el hallazgo de explosivos tipo Anfo, presuntamente destinados a la fabricación de minas antipersona, una de las principales amenazas contra la población civil.
“El despliegue de inteligencia, la presencia de unidades antiexplosivos y el uso de perros entrenados para detectar material de guerra nos ha permitido mitigar riesgos y afectar directamente la capacidad de estos grupos”, afirmó Cotua.
En los últimos dos años, las operaciones han permitido incautar más de 2.900 kilos de explosivos y destruir centenares de artefactos improvisados.
Este esfuerzo se desarrolla en articulación con la Policía Nacional, la Armada Nacional —en particular la Fuerza Naval de la Amazonía— y la Fuerza Aérea.
La coordinación entre estas entidades ha sido clave para la reducción del 55 % en las muertes violentas durante 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, un resultado que el general Cotua atribuye a la recuperación de la gobernabilidad en zonas críticas y a la intervención directa sobre los corredores fluviales más vulnerables.
Estabilidad relativa, presión permanente
La Brigada 27 tiene bajo su responsabilidad los trece municipios del Putumayo y Piamonte, en el Cauca, un área donde confluyen economías ilegales, disputas entre estructuras criminales y comunidades en condición de alta vulnerabilidad.
“Mantenemos una estabilidad relativa, pero hay una presión permanente de organizaciones como los Comandos de Frontera, la estructura Raúl Reyes y la Carolina Ramírez”, advirtió Cotua.
La estrategia no se limita a decomisar cargamentos de droga, sino que apunta a atacar las fuentes de financiamiento. “Cada kilo de marihuana que no cruza la frontera es un recurso menos para financiar la guerra de estas organizaciones”, insistió el oficial.
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