La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $8.879 millones en la infraestructura educativa del municipio de Sopetrán, Antioquia, y la ejecución del Programa de Alimentación Escalar (PAE).
El informe divulgado involucra las obras inconclusas de un megacolegio, así como presuntas irregularidades en el PAE, que afectan a menores de tres municipios. Estas situaciones forman parte de las conclusiones presentadas tras una auditoría que el ente de control adelantó sobre los recursos públicos invertidos en el sector educativo en Antioquia.
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De acuerdo con la entidad, el megacolegio debía beneficiar a cerca de 960 estudiantes. No obstante, la construcción permanece inconclusa y no ha prestado el servicio educativo para el cual fue financiada.
El informe detalló que el contrato, suscrito en 2017, no logró concretar la terminación del plantel debido a múltiples incumplimientos del contratista y ausencia de control efectivo por parte de las autoridades competentes, por lo que fue suspendido y presenta abandono desde 2020.
La revisión de la Contraloría no solo evidencia problemas físicos en la edificación, sino también anomalías administrativas que comprometen a las entidades territoriales y al contratista, como la modificación de contratos; prórrogas sin suficiente sustento técnico; falta de seguimiento y ausencia de acciones oportunas para exigir el cumplimiento de las obligaciones.
Paralelamente, el proyecto de infraestructura educativa nunca tuvo un diagnóstico técnico adecuado ni un plan de ejecución claro. A esto se le sumó la improvisación y escasa planeación.
“Como resultado de esta auditoría se evidenció que la construcción del megacolegio para la integración de la Institución Educativa José María Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suárez del Municipio de Sopetrán, se encuentra sin terminar y no está prestando servicio alguno a la comunidad educativa del municipio, presentando deterioro por el transcurrir del tiempo y está siendo objeto de vandalismo y hurtos”, explicó la Contraloría a través de un comunicado.
La situación en Sopetrán se replica, en parte, en otros municipios de Antioquia, donde el organismo evidenció retrasos, sobrecostos y deficiencias en la gestión de recursos destinados a la educación. Una de las preocupaciones recurrentes en la auditoría tiene que ver con la operación del PAE. Según el ente de control, varias instituciones educativas experimentaron interrupciones en la prestación del servicio, entregas incompletas y calidad insuficiente de los alimentos suministrados a los estudiantes.
La entidad detalló que en los municipios de Cáceres, San Pedro de Urabá y Urrao, la ejecución del PAE se inició posterior a la fecha de ingreso a clase de los menores, lo que afectó la permanencia en el servicio educativo, así como el acceso de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad a una alimentación de calidad.
Según el documento, el PAE en Antioquia sigue presentando dificultades a causa de los criterios de contratación que son incumplidos por los operadores. Sumado a esto, se detalló que existen casos de raciones que no cumplen el valor nutricional mínimo o, en ocasiones, ni siquiera llegan a los colegios.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría determinó iniciar procesos de responsabilidad fiscal contra los funcionarios y contratistas implicados en la ejecución de los proyectos. La entidad espera recuperar los recursos invertidos en las obras inconclusas y adoptar correctivos que prevengan hechos similares en el futuro.
En ese sentido, el organismo instó a la Gobernación de Antioquia y a las alcaldías municipales a fortalecer sus mecanismos de vigilancia y control sobre los contratos, además de exigir reparaciones a los responsables de las anomalías.
Pese a las acciones adelantadas por el ente de control, las repercusiones se extienden más allá del manejo administrativo, dado que afectan el acceso, la calidad y la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.
Las irregularidades detectadas en la auditoría refuerzan la necesidad de implementar medidas de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento permanente a los recursos públicos destinados al sector educativo.
La Contraloría concluyó que continuará con las indagaciones para establecer la totalidad de los recursos comprometidos y garantizar que se repare el daño causado a la administración pública.
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