Dilian Francisca Toro se sumó recientemente a la ola de mensajes en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos.
La gobernadora del Valle del Cauca, si bien dejó clara que es respetuosa de las decisiones judiciales, expresó que lamenta la situación que hoy afronta el líder del Centro Democrático, cuya defensa apelará el fallo.
“Uno siente dolor porque es una persona que le ha portado mucho al país”, dijo en entrevista con RCN Radio Cali.
La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, no se contuvo y criticó a la gobernadora del Valle del Cauca, insinuando que si ella se está solidarizando con Uribe es porque espera de su parte la misma solidaridad en caso de tener líos con la justicia.
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“Más dolor debería darles que alguien que ha ostentado tantas dignidades a lo largo de su carrera política cometa delitos. El mundo de cabeza. Bueno, también es cierto que hay quienes necesitan la solidaridad de cuerpo porque en algún momento les puede tocar el turno…“, escribió la parlamentaria.
El juicio contra Álvaro Uribe: panorama jurídico tras ser hallado culpable
La reciente condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe, quien fue declarado responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal, ha desencadenado un intenso debate nacional sobre los siguientes pasos que enfrentará el líder político. Con esta decisión, el exmandatario se convierte en el primer expresidente colombiano en ser encontrado culpable de delitos en un proceso penal, aunque su situación jurídica aún está lejos de definirse por completo.
El abogado Rogelio Roldán Álvarez, quien sigue de cerca este proceso, explicó para Infobae Colombia cuáles son las vías que tiene abierta la defensa del exjefe de Estado para revertir el fallo emitido por la jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. La sentencia, sustentada en una extensa exposición que detalla maniobras para alterar declaraciones de exparamilitares, todavía no es definitiva y, por tanto, la presunción de inocencia sigue protegiendo al expresidente mientras se resuelven recursos pendientes.
Primera parada: el Tribunal Superior de Bogotá
El camino inmediato para la defensa es apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esta revisión de segunda instancia permitirá que un grupo de magistrados evalúe si la jueza Heredia acertó al valorar las pruebas y establecer la responsabilidad penal. Dependiendo de esa revisión, los magistrados podrán confirmar la decisión, modificarla o incluso revocarla.
Si la decisión de segunda instancia ratifica la condena, la defensa aún tendría la opción de acudir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario de casación, figura reservada para impugnar fallos que, según los argumentos de los abogados, contengan errores sustanciales en la interpretación de la ley o en la valoración de pruebas.
Alternativas y eventuales beneficios
Más allá de apelar, la estrategia legal podría incluir la solicitud de beneficios como la sustitución de la pena por prisión domiciliaria, considerando la edad del exmandatario o la tipificación de los delitos. Sin embargo, el enfoque principal, según Roldán Álvarez, es lograr que la sentencia pierda validez en instancias superiores.
Uno de los puntos que más confusión genera en la opinión pública es la idea de que el proceso podría prescribir tras el fallo de primera instancia. Según explicó el abogado, esta creencia es inexacta, pues la ley colombiana establece que la cuenta regresiva de la prescripción se interrumpe cuando se dicta sentencia en segunda instancia, siempre que se haga dentro de los plazos estipulados.
Si por alguna razón no se expide la decisión de segunda instancia antes de que expire el término fijado, el proceso prescribiría y no habría lugar a una condena firme. De llegar a ese escenario, el archivo del caso no equivaldría a una absolución de fondo, sino a un cierre por vencimiento de términos.
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