El 28 de julio de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe fue hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por decisión de la juez Sandra Heredia, hecho que continúa generando fuertes reacciones en distintos sectores políticos del país.
El fallo fue cuestionado por congresistas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, al mando del presidente Donald Trump. Marco Rubio, secretario de Estado, aseguró que “la instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
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Por su parte, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, expresó su preocupación por la reciente condena dictada contra el exmandatario colombiano. La declaración, difundida a través de la cuenta de X de la embajada de Estados Unidos en Colombia, subrayó la inquietud de un alto exfuncionario estadounidense ante el rumbo que, a su juicio, tomó la justicia en Colombia. “Esa tradición ahora se ha visto manchada por la sentencia de ayer contra el expresidente Álvaro Uribe”.
Así mismo, advirtió sobre lo que considera una de las “tendencias más preocupantes de nuestro tiempo”: la instrumentalización de los sistemas judiciales para atacar a adversarios políticos.
Y sostuvo: “Nuestras diferencias políticas deberían resolverse en las urnas, no en los tribunales”, una frase que, al ser reposteada por la embajada estadounidense, adquirió un peso diplomático adicional. Esta postura implica una crítica directa a la manera en que se gestionó el proceso judicial contra Uribe Vélez, sugiriendo que la justicia colombiana dejó de ser imparcial en casos de alta sensibilidad política.
De igual manera, reconoció que “esto no significa que nadie deba gozar de inmunidad ante la aplicación neutral de la ley”, pero recalcó que la imparcialidad debe ser el principio rector para fiscales y jueces, especialmente cuando se trata de figuras políticas. Según su análisis, “los fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de forma neutral a los adversarios políticos. Lamentablemente, esto no ha sucedido en la gran nación de Colombia”. Esta afirmación introduce una crítica explícita al sistema judicial colombiano, al que acusa de haber fallado en su deber de neutralidad.
El funcionario estadounidense también hizo referencia a la historia judicial de Colombia, destacando que el país cuenta con “una orgullosa tradición de independencia judicial, por la que muchos jueces han pagado con sus vidas”. Sin embargo, lamentó que esa herencia se vea ahora comprometida por la sentencia contra el exmandatario. Landau concluyó su mensaje con un llamado a las instancias superiores de la justicia colombiana: “Como amigo de Colombia, espero y confío en que las cortes de apelaciones colombianas pongan fin a este abuso procesal y judicial”.
La difusión de estas declaraciones a través de la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos en Colombia otorgó a la postura de Landau una visibilidad institucional que trasciende la opinión individual. El respaldo público a Uribe Vélez y la crítica al sistema judicial colombiano, en un contexto de alta polarización política, reflejan la preocupación de sectores del gobierno estadounidense por la estabilidad democrática y la integridad de los procesos judiciales en Colombia.
Frente a las reacciones de los funcionarios del Gobierno Trump, el presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo que la postura de Estados Unidos afecta gravemente la autonomía de la justicia colombiana, por lo que le pidió a la embajada de Estados Unidos en Colombia “no entrometerse en la justicia de mi país”.
Y agregó: “Decenas de jueces magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico, y las relaciones del narcotráfico y el estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los EEUU, para que, ahora, el gobierno de los EEUU, venga a irrespetarla”.
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