“Precariedad” y vacíos en la información son la denuncia que hacen, por medio de testimonios, los familiares de 37 ciudadanos colombianos que permanecen privados de la libertad en la Cárcel El Rodeo I, en Venezuela.
Los parientes relatan incertidumbre y dificultades desde el traslado de los presos, mientras aguardan avances en los trámites consulares.
Sin embargo, denuncian que la mayoría de los detenidos enfrenta condiciones difíciles y, en varios casos, arrestos que consideran arbitrarios.
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Los familiares hablaron de los casos de los encarcelados en entrevista con W Radio.
Germán Vargas, tío de uno de los afectados, dijo que quiere hablar “no solamente de mi sobrino, sino también de otros 37 colombianos que han sido detenidos arbitrariamente en territorio Venezolano por estar en el lugar y momento equivocado”, dijo.
Relató que “mi sobrino es un ingeniero civil colombiano, él viajó el 20 de mayo de 2025 a Cúcuta al Policlínico de San Antonio a hacerle un favor a una amiga de llevarle un dinero a su padre. Él cruza la frontera y desafortunadamente no le sellan el pasaporte”.
De acuerdo con su testimonio, después del cruce fronterizo, su sobrino fue abordado por agentes venezolanos que, tras revisar sus documentos, lo trasladaron con el argumento de regularizar el sellado.
El paradero de Javier Vargas Jiménez se esclareció únicamente tras la información de un liberado, que notificó a la familia su ubicación en El Rodeo I.
Un escenario similar han descrito los allegados de Brayan Sair Navarro Cáceres. Su tía Yari Navarro mencionó en diálogo con el medio radial que que su sobrino “es un joven de 28 años de la etnia Árwaca y es padre de una niña de 9 años. Él viajó a Venezuela el 5 de enero. Durante el viaje él se iba comunicando, mientras que iba en el bus, pero después nos cuenta que lo bajaron del bus y que lo tiene la guardia venezolana".
Afirmó que “él no tenía ningún problema con la ley y entró legalmente al país, llevaba todos sus documentos en regla y el pasaporte sellado. Después de eso perdimos total contacto”.
Explicó además que, tras meses sin comunicación, Brayan sólo logró contactar a su madre el 15 de mayo en una llamada breve desde la prisión, donde pidió ayuda y solicitó la intervención del gobierno colombiano para gestionar la liberación de todos los detenidos.
El presidente Gustavo Petro pidió hace meses información sobre al menos doce ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela, solicitud reiterada por familias que aseguran no recibir respuestas satisfactorias sobre los motivos de los arrestos ni sobre el estado legal de sus allegados.
El embajador de Colombia en Venezuela confirmó vacíos en la comunicación
Desde el ámbito diplomático, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, dijo en los micrófonos del medio que sí existe una dificultad para tener acceso a los reclusos.
“Hemos logrado que algunos de ellos hablen directamente con sus familiares en Colombia, aún después del primer contacto en el mes anterior. Continuamos las gestiones diplomáticas buscando acceso a asistencia consular y de visitas familiares”.
Al cierre, la Fiscalía venezolana no ofreció declaraciones sobre el caso, pese a los frecuentes intentos de comunicación por parte de los medios y los familiares.
La expectativa de quienes esperan noticias o respuestas oficiales sigue marcada por la preocupación ante el tratamiento y la situación física y jurídica de los colombianos en El Rodeo I, en medio de un contexto de tensión habitual en la frontera y la espera de un pronunciamiento más amplio de parte de las autoridades venezolanas.
Las denuncias sobre precariedad de colombianos acusados de mercenarismo ya llevan semanas
La mayoría de los connacionales se encuentra en la Cárcel El Rodeo I, lugar donde, según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) citado por El Tiempo, sus derechos fundamentales se ven vulnerados y su salud corre riesgo.
El reporte refiere celdas de dos metros cuadrados, sin ventilación, una colchoneta de goma espuma sobre una base de cemento y una letrina son parte del entorno que describe el OVP.
La dieta se limita principalmente a arepas sin relleno y los internos enfrentan aislamiento prolongado, contacto físico nulo y una actividad física restringida. El OVP afirmó que los recluidos “son sometidos a aislamiento prolongado y tienen cero contacto físico. Realizan actividad física limitada, son expuestos a altas temperaturas, y están propensos a contraer enfermedades bacterianas, gastrointestinales y de la piel”.
El reporte indica que la pérdida de peso, problemas dermatológicos y episodios persistentes de diarrea afectan a parte de los internos, quienes además experimentan un deterioro de su salud mental.
Si los reclusos requieren medicamentos, sus familias deben entregarlos a los custodios, quienes deciden el momento de administración.
El personal penitenciario, según el documento, actúa bajo anonimato, vestido con uniformes y capuchas negras y portando solo seudónimos en una insignia.
Las visitas, autorizadas apenas unos minutos, se realizan en un ambiente intimidatorio, sin privacidad ni contacto directo, señala el informe: “Las visitas son intimidatorias, carecen de privacidad y no hay contacto directo entre el recluso y su familiar, con una duración de 10 a 20 minutos”. Además, la sobrepoblación obliga a muchos a turnarse para dormir de pie o recurrir a sogas como hamacas en espacios que superan por más del triple su capacidad prevista.
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