La audiencia de acusación sobre los presuntos desvíos de fondos en el Parque de las Aguas durante la gestión del exalcalde Daniel Quintero, en Medellín, se desarrollará durante el miércoles 30 de julio, en la capital antioqueña.
En esta diligencia, la Fiscalía imputará cargos a seis exfuncionarios y representantes de empresas por supuestas irregularidades en contratos de mantenimiento por más de 17.000 millones de pesos.
Caracol Radio conoció que el evento judicial se llevará a cabo en las horas de la mañana de la fecha mencionada.
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El caso expone los señalamientos de peculado y contratación indebida en la administración pública.
El polémico caso de corrupción de Aguas Vivas
Según el expediente, las supuestas anomalías surgieron durante la firma de contratos interadministrativos entre mayo de 2020 y octubre de 2022, por 17.450 millones de pesos (unos 4,45 millones de dólares), con el objetivo de mantener y operar este espacio recreativo, en un predio de 146.000 metros cuadrados ubicado entre los barrios El Poblado y Las Palmas, en la capital antioqueña.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero público terminó repartido entre varias firmas particulares tras ser subcontratado: “2.415 millones de pesos a la primera, 1.131 millones a una segunda, presuntamente empresa de papel, y 848 millones a la tercera”, detalla el organismo.
Tres personas habrían recibido más de 2.800 millones de pesos en su propio beneficio, mientras que en 2021 la modalidad de contratación sufrió ajustes que habrían limitado la igualdad y pluralidad entre los oferentes.
Ya desde el mes de abril el Juzgado 50 Penal de Medellín avanzó la audiencia de imputación en el proceso en el que la Fiscalía responsabiliza al exmandatario Daniel Quintero y a diez miembros de su equipo de gobierno por las presuntas irregularidades.
El proceso involucra a Álvaro Alonso Villada García, Jorge Enrique Liévano Ospina, María Eugenia Domínguez Castañeda, Viviana del Valle Velásquez y Laura María Mejía Higuita, además de Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo.
Los cargos formulados por la Fiscalía refieren “contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado”. El Distrito de Medellín, Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá figuran como víctimas reconocidas por el juzgado.
Dentro de la misma investigación se analiza la posible conexión con otra causa penal por la construcción de un hangar, donde se imputan delitos comparables a otros exdirectivos de Metroparques.
Según la Fiscalía, hubo contratación “de más de 590 millones de pesos para favorecer a Constru Americana S.A.S.”, destinando 243 millones a una bodega cuyos fines solamente beneficiaban a la empresa. Los implicados negaron su responsabilidad en la apertura del proceso.
El caso es uno de los cinco procesos de presunta corrupción en entidades públicas de Medellín durante la administración de Daniel Quintero Calle, cuatro de ellos relacionados con Metroparques.
Todas las investigaciones partieron de quejas de la Veeduría Todos por Medellín, que alertaron sobre presuntas irregularidades en diversos contratos municipales.
Otros detalles
Según el ente investigador, en cuanto a la primera audiencia de imputación contra el abogado Quintero Calle, todo comenzó porque en su primer año de gestión se firmó un decreto que modificó el uso del suelo de ese predio, decisión que no pasó por el Concejo de Medellín.
Con esa maniobra, el valor del lote se elevó de 2.711 millones de pesos a 42.719 millones, incremento de quince veces sobre el avalúo original.
Posteriormente, para el desarrollo del proyecto Valle del Software, Quintero firmó el decreto 412 de 2023, que permitía la adquisición del predio con recursos públicos del Distrito bajo el argumento de impulsar la innovación tecnológica en la ciudad.
La Fiscalía, citada por Cambio, expuso que “se vulneró el principio de transparencia en la medida en que los servidores públicos para la época de los hechos quisieron comprar un bien que ya era de propiedad del Estado”, señalando que los encausados habrían diseñado una operación para regresar el lote a manos particulares y luego proponer su recompra a un valor mucho mayor.
El beneficiado, de acuerdo con la investigación, sería el propietario privado, cuyo activo multiplicó su valor en el proceso.
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