El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un concepto previo desfavorable frente a la propuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Mhcp) y la decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de modificar el plan financiero para 2026.
Este cambio constituye el fundamento del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente a ese año.
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El Carf cuestionó la falta de sustento suficiente para incrementar el gasto y el déficit primario apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) de junio pasado.
“No existe una justificación válida para que, apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mrmp), se incremente el nivel de gasto y de déficit primario en 2026″, dice en un comunicado expedido por el Carf.
El 28 de julio, el Confis optó por ajustar el escenario fiscal para 2026, según lo planteado por el Mhcp. La cartera justificó la necesidad de ampliar el gasto proyectado en virtud de la aparición de nuevas inflexibilidades presupuestales y la intención de fortalecer los recursos destinados a inversión.
El nuevo panorama fiscal aprobado por el Confis mantiene inalterado el déficit fiscal global previsto en el Mfmp (6,2% del PIB), pero eleva el déficit primario a 2% del PIB, mientras que apenas semanas antes se calculaba en 1,4%.
El aumento en el gasto primario representa $18,2 billones (0,9 puntos porcentuales del PIB) en comparación con lo previsto originalmente en el Mfmp. De estos recursos adicionales, $7,2 billones se orientarán al aseguramiento en salud, $5,7 billones a subsidios de energía y gas, y $5,9 billones a inversión pública. El resto de partidas disminuirá en $0,6 billones.
Junto con el incremento en el gasto, el plan modificado plantea mayores ingresos frente a las proyecciones del Mfmp por un monto de $8,2 billones y una reducción del gasto en intereses de la deuda equivalente a $10 billones.
El Gobierno proyecta la aprobación de una ley de financiamiento por $26,3 billones, lo que implica $6,7 billones adicionales frente a la previsión inicial, e incluye en el cálculo recursos de capital superiores en $1,8 billones a los estimados semanas atrás.
El recaudo tributario no petrolero, por el contrario, se revisó a la baja por $0,3 billones. El Ministerio de Hacienda atribuye el ahorro en el gasto de intereses a nuevos enfoques en la colocación de títulos y a operaciones de manejo de la deuda.
El proceso de modificación del plan financiero, en el marco de la activación de la cláusula de escape para los años 2025 a 2027, exige que el Carf emita un pronunciamiento previo antes de la decisión final del Confis. La solicitud fue presentada al Comité el 25 de julio y respondida dos días después.
En su concepto, el Carf resaltó la gravedad de cambiar el escenario fiscal de 2026 apenas un mes después de aprobado el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Según el organismo, esta alteración evidencia problemas serios en la planeación fiscal nacional, particularmente en un contexto de alta vulnerabilidad para las cuentas públicas.
La discrepancia entre el gasto primario fijado por el Mfmp y el establecido en el Presupuesto General de la Nación resulta excepcionalmente alta para los años 2025 y 2026. Entre 2020 y 2024, esa diferencia promedio apenas llegó a $500 mil millones; para el PGN de 2025 aumentó a $23,9 billones y para el de 2026 alcanza $18,2 billones.
El Comité subrayó que en el Mfmp publicado en junio el Gobierno se comprometió a radicar un presupuesto austero que no superara la inflación proyectada. La propuesta sometida implica un aumento del gasto de 4,6 puntos porcentuales por encima de la inflación estimada, incumpliendo la promesa de ajuste.
La entidad consideró que, en ausencia de hechos extraordinarios fuera del control del Ejecutivo, la modificación al plan demanda explicaciones claras y detalladas.
La ausencia de justificaciones robustas mina la confianza en la institucionalidad y en los instrumentos de planeación fiscal. El Marco Fiscal de Mediano Plazo había funcionado como guía central para el manejo fiscal, pero este tipo de ajustes recurrentes pone en duda su rol.
La suspensión de la Regla Fiscal oficializada para los próximos tres años exige, según el Carf, señales firmes para recuperar la confianza y respetar las metas definidas. El incremento del desbalance fiscal para 2026, lejos de contribuir, representa un retroceso en este objetivo.
El Carf expresó preocupación por el uso de fuentes transitorias o inciertas para financiar incrementos en gastos corrientes. Si bien la reducción temporal en el pago de intereses es factible gracias a operaciones contables, la expectativa es que el costo de la deuda aumente en el futuro.
Las fuentes de capital adicionales son de carácter excepcional, la ley de financiamiento aún no está aprobada y el mayor recaudo estimado por eficiencia en la Dian aún no se materializa. Si estas fuentes extraordinarias se emplean para disminuir el endeudamiento, la señal sería positiva; sin embargo, su uso para cubrir gasto corriente incrementa el desequilibrio estructural.
El Comité también llamó la atención sobre la ausencia de planes de contingencia claros por parte del Gobierno. Dada la rigidez de ciertas partidas, será complejo ajustar el gasto si los ingresos esperados no se concretan, lo que limita la capacidad de respuesta.
Para defender el incremento del gasto de inversión, el Mhcp argumentó el carácter obligatorio del Plan Nacional de Desarrollo. El Carf señaló que los lineamientos plurianuales de inversión son indicativos y deben supeditarse a la viabilidad del financiamiento y a la sostenibilidad fiscal, principio consagrado en la Constitución.
El ajuste fiscal para 2027 se plantea ahora como un desafío mayor. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit primario debía pasar de 1,4% del PIB en 2026 a 0,3% en 2027, una reducción de 1,1 puntos porcentuales.
Con el cambio propuesto, la disminución requerida se eleva a 1,7 puntos en un solo año, lo que incrementa el riesgo de no cumplir con la reactivación de la Regla Fiscal en 2028. Si el costo de la deuda crece como resultado de las nuevas señales, el esfuerzo de ajuste deberá ser aún mayor.
Con el nuevo escenario fiscal, el Carf calcula en su escenario base un faltante de recursos de $38 billones para cumplir con la meta de déficit fiscal (6,2% del PIB) en 2026, frente a $33 billones estimados en junio. Factores como la reserva presupuestal por ejecutar, la entrada en vigencia de la reforma pensional y posibles efectos adversos en la deuda pública podrían ampliar ese desequilibrio.
El Comité autónomo instó al Congreso a analizar de forma detallada la propuesta del Presupuesto General de la Nación 2026 y exhortó tanto al Legislativo como al Ejecutivo a evaluar medidas que fortalezcan los ingresos y contengan el gasto, apuntando a una mayor flexibilidad presupuestal y a la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
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