Mientras gran parte del mundo contiene el aliento frente al nuevo paquete de aranceles impulsado por la administración de Donald Trump, Colombia respira, al menos por ahora, con relativa calma. Aunque no está completamente fuera de riesgo, el país figura entre las naciones con menor probabilidad de ser blanco de la última ofensiva comercial del gobierno estadounidense, que ya notificó sanciones a 14 países, entre ellos potencias asiáticas como Corea del Sur y Japón.
La tensión no es menor. A partir del 1 de agosto entrarán en vigor nuevas tarifas que golpearán a sectores clave como el tecnológico y el farmacéutico, lo que podría disparar la tasa de arancel efectiva promedio en Estados Unidos del 14,1 al 19,4 %. Y si se aplicara un arancel adicional del 25% sobre semiconductores y productos derivados, como proyecta la firma Fitch Ratings, la cifra escalaría aún más, 23,7%.
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En este contexto, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) elaboró un análisis para estimar qué tan cerca está Colombia de ser incluida en la lista negra comercial. Usando cinco variables —base legal, estado de negociación, exenciones, dependencia comercial y costo estratégico— se estimó un riesgo del 25% para el país. Lejos del 95% que enfrenta China o el 85% de Brasil, pero lo suficientemente alto como para no confiarse.
Según AmCham, el riesgo sigue latente debido a la naturaleza volátil y poco predecible del enfoque comercial de Trump. “Los anuncios pueden cambiar de un día para otro”, señala el informe, y advierte que las decisiones no siempre responden a criterios técnicos sólidos, sino a movimientos políticos o estrategias electorales.
Aunque Colombia no ha recibido hasta ahora una carta formal con la intención de imponer aranceles, el margen de maniobra es limitado. El 16 de julio, el Gobierno envió una carta de intención a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr), buscando abrir un canal de negociación. Para AmCham, ese gesto fue valioso, pero no suficiente: “Colombia deberá esperar a que concluyan las conversaciones ya agendadas por Estados Unidos con otros socios prioritarios, razón por la cual no se prevén avances sustanciales en las próximas cuatro semanas”.
El escenario arancelario global ha cambiado de forma drástica en apenas un año. Según Fitch, la tasa arancelaria media en EE. UU. pasó del 2,5% en 2024 al 22% a comienzos de 2025. Por su parte, un estudio de la Universidad de Yale proyecta que, para el 1 de junio de 2025, el arancel efectivo rondará el 15,6%. Si esta tendencia se mantiene, Estados Unidos alcanzaría su tasa arancelaria efectiva más alta desde 1938, estimada en un 14,5%.
No obstante, la magnitud real de este impacto sigue amortiguada por mecanismos como exenciones, exclusiones temporales y ventanas de gracia que matizan la aplicación plena de los nuevos aranceles. Por eso, aunque la política de Trump implica un cambio estructural en la política comercial estadounidense, su efecto inmediato aún se diluye.
Frente a este panorama, Colombia debe prepararse. “El país tendrá que avanzar en la preparación de argumentos sólidos, sectorizados y estratégicamente alineados con las prioridades regulatorias de Estados Unidos, incluyendo aspectos como: mecanismos para la revisión de inversiones extranjeras con posibles implicaciones de seguridad nacional, así como esquemas de control para evitar el desvío de bienes, tecnologías o insumos críticos hacia actores o destinos considerados sensibles”, advierte AmCham.
Otro punto que juega a favor es el arancel base del 10% que mantiene Colombia, inferior al de muchas otras economías. Sin embargo, esto no bastará si el país no aborda con seriedad los temas que Estados Unidos considera irritantes en la relación bilateral. La carta enviada por el Gobierno menciona algunos, pero no los desarrolla a fondo, lo que debilita su posición.
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