Fallo contra Álvaro Uribe sacude la política y siembra dudas sobre la estabilidad económica y el dólar en Colombia

El 28 de julio de 2025, la jueza Sandra Heredia emitió el fallo en primera instancia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza validó la legalidad de las evidencias recolectadas, en la que incluyó interceptaciones telefónicas y grabaciones con relojes espía. Además, sostuvo que los testigos presentados por la defensa de Uribe parecían actuar de manera coordinada, lo que puso en duda sus declaraciones.

El fallo judicial representa un hecho inédito en la política colombiana y podría incidir en el escenario electoral de 2026 (habrá elecciones de Congreso y Presidencia de la República), por lo que podría verse afectado tanto al uribismo como a la oposición.

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De igual manera, hay dudas sobre si la decisión, que sería apelada el 1 de agosto, tendría otro tipo de efectos, principalmente, económicos y, sobre todo, en el dólar, divisa norteamericana que viene con una notable volatilidad.

Al respecto, Infobae Colombia consultó a varios expertos en el asunto. Uno de ellos, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño considera que si puede tener riesgos para la economía, ya que los mercados analizan los indicadores de esta, que ya los vieron y los tienen preocupados, pero, adicionalmente, analizan el riesgo político y esto puede ser una alarma adicional.

“Si bien en el dólar hoy no se ha visto impacto, si se puede ver en la percepción de riesgo en la colocación de la deuda”, dijo.

Además, que “de acuerdo con lo observado en la política de Estados Unidos, esto puede traer alguna consecuencia en materia de aranceles y de la certificación en la lucha contra las drogas, que puede afectar nuestras exportaciones y la ayuda en recursos que provienen de nuestro principal aliado”.

Por su parte, el profesor del programa de Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana Juan Nicolás Garzón, dijo que, en principio, no ve una afectación inmediata directa en la economía producto del fallo, pero puede haber factores.

Principalmente, según el experto, es que, aunque el fallo tiene un impacto político significativo, importante, es una de las decisiones políticas más relevantes que se tomaron durante los últimos años en Colombia, pero todavía hay un camino por recorrer en ese proceso.

“Las eventuales afectaciones en todos los ámbitos, tanto económico como político, van a tomar también tiempo en la medida en que se dio un paso importante, o sea, fue clave la decisión, pero todavía hay camino por recorrer. Entonces, en términos económicos, los efectos son reducidos, indirectos”, reslató.

Anotó que podría generarse una sensación o un clima desfavorable para la inversión en la medida en que algunos inversionistas entiendan que la justicia en Colombia está politizada y que eso, eventualmente, puede desfavorecer a las instituciones, algo que genera inestabilidad democrática.

Dejó claro que eso también depende de la postura que se tenga. “Podría haber también una lectura y una sensación por parte, por ejemplo, de las calificadoras de riesgo que valoren este fallo como politizado y, entonces, subrayen una suerte de inestabilidad institucional”, insistió.

Otro experto que se refirió al asunto fue el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Julio Enrique Duarte. El docente precisó que el fallo generó un fuerte impacto político en Colombia, aunque en lo económico los efectos aún no son tan claros.

Aclaró que, por ahora, los indicadores financieros no reaccionaron con brusquedad. Indicó que el interés que paga el país por endeudarse a diez años está en 11,84 %, una cifra alta, pero no distinta a la de semanas anteriores, cuando llegó incluso al 12,99 %. Tampoco se confirmó una caída fuerte en la bolsa, como se llegó a mencionar.

“Lo que sí es real es que las agencias internacionales S&P y Moody’s bajaron la calificación del país por la difícil situación fiscal: hay menos ingresos de los esperados y más gasto público, lo que complica el manejo económico. Aunque no hay señales concretas de que sectores como la minería o las obras de infraestructura se hayan visto afectados por la decisión judicial, el ambiente de incertidumbre crece a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026”, precisó.

Agregó que, sin lugar a dudas, lo que ocurra en los próximos meses —tanto en lo político como en lo judicial— será clave para mantener la confianza de los inversionistas y evitar mayores sobresaltos en la economía.

Asimismo, resaltó que, a mediano plazo, se prevé que el clima político polarizado podría empeorar la percepción de riesgo sobre el país, haciendo más costoso acceder a financiamiento internacional y frenando la llegada de nuevas inversiones.

“Firmas como The Economist Intelligence Unit y PRS Group ya han elevado el nivel de alerta sobre la estabilidad institucional de Colombia. Aunque el Gobierno mantiene su previsión de crecimiento en torno al 2,5 % para este año, organismos como la Ocde y Allianz Trade alertan sobre un déficit fiscal que supera el 6 % del PIB, una inversión privada todavía tímida —con un crecimiento proyectado de apenas 3,9%— y un entorno internacional que exige señales claras de estabilidad”, puntualizó Duarte.

Entretanto, el chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, se refirió a la volatilidad que podría tener el dólar luego del fallo. Anotó que el movimiento visto hoy, donde la tasa de cambio superó la barrera de los $4.180, responde a una combinación de factores tanto globales como locales que delinean la percepción de riesgo de los inversionistas.

Según él, en general, los contextos políticos internos tienen un impacto directo en la economía y, por ende, en la moneda local. Además, que la incertidumbre política, derivada de eventos como elecciones, reformas legislativas o crisis institucionales, tiende a generar cautela entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

“Esta cautela puede traducirse en una afectación en los flujos de inversión o una fuga de capitales, lo que reduce la oferta de dólares en la economía y presiona al alza el tipo de cambio. Un Gobierno percibido como inestable o con políticas económicas impredecibles puede socavar la confianza del mercado, aumentar el riesgo país y, en consecuencia, incidir en la fortaleza de la moneda local frente al dólar”, alertó.

Sin embargo, dijo que la coyuntura actual del peso colombiano está fuertemente influenciada por el panorama internacional. Detalló que el dólar estadounidense comenzó la semana con un renovado impulso alcista a nivel global, al actuar como activo de refugio.

“Este comportamiento se vio reforzado por el optimismo en los mercados tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Como resultado, el peso colombiano, al igual que otras monedas de la región, se ha depreciado en línea con esta fortaleza global del dólar”, enfatizó Lama.