
Las reacciones no se hicieron esperar luego de que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, leyera el sentido del fallo que marcó un nuevo capítulo en la historia judicial de Colombia: la condena, en primera instancia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Aunque el país tendrá que aguardar hasta el 1 de agosto para conocer la sentencia completa, el veredicto ya provocó una oleada de posturas encontradas entre las figuras más prominentes del espectro político colombiano.
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Entre las voces que cobraron particular resonancia se encuentra la del expresidente Andrés Pastrana Arango, que acudió sin titubeos a expresar su respaldo a Uribe Vélez, lanzando un mensaje que, sin disimulo, puso en duda la solidez de los argumentos expuestos por la togada.

Para Pastrana, el proceso judicial contra su otrora aliado no solo despierta dudas jurídicas, sino que, a su juicio, también abre interrogantes más profundos sobre la neutralidad de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Lejos de un simple gesto protocolario, las palabras de Pastrana parecieron responder a una preocupación más estructural: “Expreso mi solidaridad personal con el señor presidente @AlvaroUribeVel. Los argumentos expuestos por la señora juez son discutibles, pero debemos respetarlos, porque en esta hora de incertidumbre y de crisis, la única alternativa sensata y seria que tiene la democracia colombiana es defender la estabilidad de sus instituciones. Confío en que los caminos judiciales que aún tiene a su disposición el presidente Uribe, culminen en el reconocimiento final de su inocencia”.

A su pronunciamiento se sumó con vehemencia el también expresidente Iván Duque Márquez, pupilo del líder del Centro Democrático, que eligió el formato de video para divulgar un mensaje más encendido, dirigido tanto a la ciudadanía como a organismos internacionales. Su discurso, que rozó lo político, puso en tela de juicio la legitimidad misma del proceso judicial y llegó a calificarlo como una construcción artificial, sostenida, según él, por una narrativa de infamia cuidadosamente diseñada.
Duque no se limitó a defender a su mentor, sino que elaboró una tesis sobre la supuesta intencionalidad política que habría contaminado la actuación de la jueza Heredia y otros funcionarios involucrados. Habló de interceptaciones ilegales, de testigos “altamente cuestionables” y de un viraje abrupto de la Fiscalía que, en su criterio, delata una coordinación soterrada entre poderes con intereses ideológicos comunes.
“Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias (...). Usted no está solo, presidente Uribe”, señaló, con un tono de cierta nostalgia.
Más fuerte y frontal fue Francisco “Pacho” Santos Calderón, exvicepresidente en el primer mandato de Álvaro Uribe y figura recurrente en los círculos más uribistas del país. Su pronunciamiento, plagado de nombres propios, cruzó una línea que los expresidentes evitaron; la personalización del conflicto judicial.
Pacho Santos no solo acusó a la jueza Heredia de actuar con sesgo desde que el caso llegó a sus manos, sino que extendió su diatriba a fiscales, magistrados y hasta al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que sugirió investigar en instancias internacionales.
“Desde el minuto 1 sabíamos que la juez había tomado partido como se vio durante ese circo de audiencia (...) Que paguen los que abusan del proceso judicial y además sus familias para que les duela”, escribió Santos, en un mensaje que causó inquietud por el tono amenazante y la extensión de la responsabilidad a terceros no involucrados directamente en el proceso.

Además, en ese mismo mensaje en el que cruzó el límite de lo diplomático, Pacho Santos llegó a invocar el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de legisladores de Florida, para que tomen cartas en lo que describió como una “persecución judicial orquestada”.
En contraste con estas declaraciones polémicas, el silencio de otros expresidentes como Juan Manuel Santos o César Gaviria fue interpretado en algunos sectores como una postura deliberada de prudencia, quizá para evitar que el caso adquiera un punto aún más dividido.
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