El Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, radicado por los ministerios de Educación y Ciencia Tecnología e Innovación, busca posicionar a Colombia como referente regional en el desarrollo tecnológico, bajo principios de ética, democracia y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa se articula como una política de Estado orientada a promover la inteligencia artificial en sectores estratégicos: transición energética, soberanía sanitaria, bioeconomía, agricultura, industria aeroespacial y ciencias cuánticas.
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El objetivo central es habilitar una adopción ética, responsable y competitiva de los sistemas de IA, integrando criterios técnicos, de derechos humanos y de desarrollo productivo. El proyecto, según el Gobierno, adopta un enfoque normativo adaptativo, que promueve la innovación y prioriza la gestión de riesgos, la garantía de derechos y el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas e institucionales en todo el territorio nacional.
Uno de los pilares de la propuesta es la creación de una Autoridad Nacional para la IA, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta entidad coordinará la política pública, clasificará riesgos, emitirá lineamientos técnicos y operará entornos de prueba regulada (sandbox regulatorios).
La gobernanza se articulará con organismos como los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; de Justicia, así como de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Procuraduría, e integrará la participación del sector productivo, la academia y la sociedad civil.
El proyecto introduce una clasificación técnica de los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo, con un enfoque preventivo y proporcional. Los sistemas de riesgo crítico estarán sujetos a revisión previa por su potencial impacto grave sobre derechos fundamentales, aunque no se contempla una prohibición anticipada. Los de alto riesgo requerirán evaluaciones de impacto, condiciones de transparencia, trazabilidad, gobernanza de datos y supervisión humana.
Los sistemas de riesgo limitado deberán cumplir medidas básicas de transparencia y trazabilidad para informar a los usuarios, mientras que los de bajo o nulo riesgo se orientarán al monitoreo y la autorregulación pedagógica. Este esquema permite aplicar obligaciones proporcionales, evitando obstáculos innecesarios al desarrollo tecnológico legítimo.
En el ámbito educativo, la propuesta incorpora la inteligencia artificial en todos los niveles del sistema, impulsa la formación docente y promueve contenidos como ciencia de datos y pensamiento computacional. Además, fomentará la participación de poblaciones históricamente excluidas y fortalece los ecosistemas académicos y territoriales para el desarrollo de capacidades en IA.
“La educación tiene un capítulo trascendental en el desarrollo en el proyecto de ley, porque incorpora la inteligencia artificial en todos los niveles educativos, impulsa también la formación docente y, por supuesto, fomenta la participación de las poblaciones históricamente excluidas”, mencionó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
El texto oficial subraya que la ley garantizará que el uso de la IA en entornos laborales respete la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Las decisiones relevantes en las relaciones laborales deberán contar con supervisión humana efectiva, asegurando transparencia y responsabilidad. Se promoverá la reconversión laboral, el desarrollo de competencias y la implementación de programas de formación para facilitar la adaptación de los trabajadores a los cambios derivados de la automatización y la transformación tecnológica.
El enfoque de inclusión y accesibilidad atraviesa toda la iniciativa. Se incorporan enfoques étnicos, de género, territoriales, de discapacidad y orientación sexual. Los sistemas de IA deberán evitar sesgos, respetar la diversidad cultural y ser accesibles en diferentes lenguas y formatos. Se promoverá el desarrollo de tecnologías pertinentes al contexto colombiano y el acceso equitativo a sus beneficios.
La innovación responsable se impulsa mediante la habilitación de sandbox regulatorios para sistemas de IA, especialmente aquellos clasificados como de alto riesgo. Estos entornos permiten experimentar soluciones tecnológicas con acompañamiento institucional, evaluación ética y monitoreo riguroso, sin imponer barreras anticipadas a la innovación.
El proyecto establece principios orientadores como el respeto a los derechos fundamentales, la explicabilidad, la calidad de datos, la transparencia, la gobernanza responsable y la no discriminación. Define obligaciones específicas para los responsables de IA según su rol —desarrolladores, comercializadores, implementadores o usuarios—, garantizando trazabilidad, gestión del riesgo y supervisión técnica en todo el ciclo de vida de los sistemas.
En materia de supervisión y control, se prevé un régimen correctivo gradual, que privilegia la orientación técnica antes que la sanción. Se contempla una actualización puntual del Código Penal para tipificar solo conductas dolosas con impacto grave. La supervisión recaerá en entidades ya existentes, sin crear nuevas estructuras administrativas.
Finalmente, la ley promueve la trazabilidad ética de los insumos utilizados para entrenar modelos de IA, respetando los derechos de autor, imagen y conexos, y fomenta el uso de licencias abiertas cuando resulte posible y apropiado.
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