Álvaro Uribe Vélez y los expresidentes en Latinoamérica que han sido condenados

El 28 de julio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, lo que lo convertirá en el primer exmandatario colombiano que será condenado por la justicia.

Esta noticia ha generado reacciones divididas en Colombia y el mundo, puesto que algunas figuras ligadas al expresidente afirman que se trató de un juicio político con falencias; mientras que detractores de Uribe Vélez celebraron el fallo.

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De la misma forma, ha provocado que en Latinoamérica se recuerde que no se trata del primer caso en el que un expresidente termina siendo condenado. Estos son algunos de los casos más relevantes.

El presidente de Perú entre 1990 y 2000 fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por la violación de derechos humanos, homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, esto último, al ser vinculado con las masacres registradas en Barrios Altos y La Cantuta por parte de un escuadrón militar.

De la misma forma, Fujimori fue condenado por corrupción en un caso en el que se comprobó la malversación de fondos y pagos de sobornos durante su mandato.

Fujimori cumplió 15 años de la condena, luego recibió un indulto humanitario y falleció en septiembre de 2024 en el distrito de San Borja, en Lima.

En uno de los casos más controvertidos, Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado en 2017 a nueve años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En la investigación sobre lavado de activos que comenzó en un establecimiento de limpieza para vehículos, motivo por el que se le llamó “Lava Jato”, se le atribuyó a Lula da Silva haber recibido beneficios con empresas contratistas, principalmente una reforma en Guarujá.

Aunque la condena aumentó a 12 años y da Silva fue encarcelado en 2018, en noviembre de 2019 un tribunal decidió que debía salir de prisión tras agotar las apelaciones y en 2021 se anularon las condenas por irregularidades en el proceso, lo que le permitió a Lula da Silva volver a la política y ser elegido nuevamente como presidente en un mandato que comenzó en 2023.

En el primer caso, Rafael Callejas, presidente de Honduras entre 1990 y 1994, fue condenado en 2016 por su implicación en el FIFA Gate, como se conoce el escándalo de corrupción al interior de la entidad más importante en el fútbol.

En el juicio, Callejas reconoció haber recibido dinero a cambio de facilitar el proceso de contratación para la venta de derechos de transmisión de los partidos de la selección de Honduras, por lo que fue condenado, pero por su edad se le permitió pagar una fianza; el político falleció en 2020 en medio del proceso de sentencia definitiva.

Por su lado, Alfonso Portillo, presidente de Guatemala entre el 2000 y 2004, fue extraditado a Estados Unidos tras declararse culpable del lavado de más de dos millones de dólares por parte del gobierno de Taiwán a cambio de reconocimiento diplomático.

Debido a su colaboración, Portillo pagó un año de prisión y fue dejado en libertad en 2015, aunque aceptó haber movido el dinero entre bancos para ocultarlo y beneficiar a sus allegados.

Ricardo Martinelli, mandatario de los panameños entre 2009 y 2014, fue condenado en julio de 2023 por el lavado de activos en el caso “New Bussiness”, en el que se determinó que durante su gobierno se consolidó una red de transferencias financieras para la compra irregular de medios de comunicación.

Además de prisión, la justicia ordenó que Martinelli debía pagar una multa de más de 19 millones de dólares; sin embargo, su defensa agotó los recursos legales y en mayo de 2025 fue recibido por Colombia, en donde se mantiene refugiado desde que el Gobierno Petro le otorgó asilo político.

El último caso de esta índole se consolidó en Argentina, en donde Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de esta nación entre 2007 y 2015, comenzó, en 2025, a pagar una condena de seis años con el beneficio de prisión domiciliaria.

En diciembre de 2022 fue condenada en primera instancia por ejercer cargos públicos en la llamada causa “vialidad”, por la que el tribunal consideró demostrado que participó en un esquema de direccionamiento irregular de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez. Sin embargo, no había comenzado a pagar la condena por fueros parlamentarios y los tiempos de apelación del juicio.