En uno de los momentos claves de la lectura del sentido de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, realizada por la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, se precisó que las interceptaciones del exmandatario y Diego Cadena (su exabogado), así como las grabaciones del reloj espía de Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave contra el exmandatario, fueron validadas como prueba.
Según la togada, Monsalve grabó con los relojes a Diego Cadena, abogado contratado por Uribe para recoger testimonios en las cárceles, persuadiéndolo de hablar a favor del expresidente a cambio de beneficios jurídicos.
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En otro de los momentos del juicio, la jueza Heredia llamó la atención de la senadora María Fernanda Cabal cuando la vio conversando en la sala del juzgado de Bogotá en el que se está leyendo el fallo.
“Señora Cabal, ¿puede por favor guardar silencio? Quienes vienen es porque van a prestar atención”, dijo la juez a Cabal.
Las interceptaciones contra Uribe fueron legales, según la jueza del caso
Heredia aseguró que fueron legales las interceptaciones que se realizaron a unas conversaciones entre Uribe y Cadena dentro del material probatorio, pese a que la inclusión del número telefónico del exmandatario en la investigación se hizo por error: pues los investigadores estaban indagando sobre el congresista Nilton Córdoba y entre los números a escuchar, estaba el del expresidente.
A propósito de ello, la togada calificó de “descabellada” la forma en que varios testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe (incluido Cadena) buscaron a Monsalve para intentar que se retractara de sus declaraciones con el exmandatario. Sin embargo, la reacción del expresidente y su abogado Granados ante la validación de las interceptaciones contra Uribe llamó la atención: mientras el expresidente renegaba, Granados levantó sus cejas expresando sorpresa.
“Parece descabellado también fabular que los planetas se alinearon en el mismo año, en el mismo mes, para que Enrique Pardo, Victoria Jaramillo, Ricardo Williamson, Rodrigo Vidal y Diego Cadena, al unísono, buscaran ayudar a Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que este limpiara su conciencia diciendo la verdad, justo cuando el señor Uribe Vélez se hallaba en un momento decisivo, no sólo por la época electoral sino porque se debatía en la Corte Suprema de Justicia el destino de la denuncia formulada en contra de Cepeda Castro”, aseguró la jueza Heredia previamente.
La cronología de las interceptaciones contra el expresidente
El caso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra Uribe, en ese entonces senador, luego de que se revelaran presuntas maniobras para manipular declaraciones de exparamilitares detenidos. Paradójicamente, el proceso nació a partir de una denuncia que el propio Uribe presentó contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Pero la Corte, al revisar los elementos probatorios, decidió archivar la denuncia contra Cepeda y, en cambio, investigar al exmandatario por la posible compra de testimonios.
Las interceptaciones fueron ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema como parte de la investigación: el despacho ordenó interceptar el teléfono del abogado Diego Cadena, entonces defensor jurídico del expresidente. Sin embargo, por un cruce de información con la compañía operadora, se terminó interceptando durante varias semanas la línea telefónica del propio Uribe.
La situación, que inicialmente fue atribuida a un “error involuntario” por parte de los técnicos judiciales, generó un escándalo nacional. Durante semanas, los investigadores escucharon conversaciones privadas del exmandatario con sus abogados, familiares y figuras políticas, lo que provocó fuertes críticas sobre una posible violación al fuero parlamentario y al debido proceso.
Pese a la controversia, la Corte Suprema validó las interceptaciones como prueba dentro del expediente, argumentando que, aunque el número se añadió por error, las conversaciones obtenidas revelaban elementos relevantes para esclarecer el caso de presunta manipulación de testigos.
En agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que provocó el traslado del caso a la Fiscalía General de la Nación. Desde entonces, el proceso ha dado varios giros: solicitudes de preclusión, nuevas audiencias y decisiones judiciales que mantienen vivo el debate sobre la legalidad de las pruebas, entre ellas las interceptaciones, y sobre la responsabilidad del expresidente.
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