La reciente deportación de 603 ciudadanos colombianos desde territorio ecuatoriano ha encendido las alarmas en la Cancillería de Colombia, que cuestiona la falta de consulta y coordinación entre ambos gobiernos para manejar el retorno de estas personas en condiciones seguras y humanitarias a quienes, además, se les impuso una restricción de ingreso al país por 40 años.
El vicecanciller Mauricio Jaramillo, en declaraciones concedidas a W Radio, explicó que el principal reclamo de Colombia se centra en la ausencia de protocolos claros y en la carencia de una comunicación oportuna que permitiera preparar la logística de recepción de los connacionales expulsados.
“Lo ideal es que estos procesos se gestionen de forma bilateral”, dijo, subrayando que, aunque los procesos de deportación hacen parte de la soberanía de cada Estado, deben realizarse dentro de estándares que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas afectadas.
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El Gobierno colombiano advirtió que deportar a más de seiscientas personas en un solo día plantea retos significativos, incluso, para países con amplia capacidad de respuesta.
“No nos parece que sea la forma de hacerlo (siendo) dos países vecinos que comparten tanto en materia judicial y migratoria. Debimos haber sido consultados y esto no corresponde a los protocolos humanitarios cuando se están deportando personas”, señaló el funcionario.
De acuerdo con Jaramillo, ningún Estado, por más recursos que tenga, está en condiciones de asumir sin planificación un proceso de esa magnitud, lo que refuerza la importancia de activar mecanismos diplomáticos y operativos conjuntos antes de ejecutar estas decisiones migratorias.
El vicecanciller también manifestó que, para las autoridades colombianas, la notificación es apenas uno de los componentes de un proceso más amplio que debe incluir lineamientos judiciales, rutas de atención humanitaria y coordinación en frontera para garantizar la dignidad de quienes regresan.
“Ningún Estado del mundo al que le deporten en un día 603 connacionales esté preparado para hacerlo, ni el más rico del mundo”. También señaló que, por las dimensiones de las deportaciones, para Colombia “ese manejo es difícil y complejo”, añadió.
No obstante, La W Radio reveló que la embajadora de Colombia en Ecuador habría recibido una comunicación oficial el pasado 8 de julio, en la que se informaba sobre la deportación de este grupo de ciudadanos.
Frente a esta información, Jaramillo reconoció que no había sostenido contacto directo con la cónsul para verificar la versión, pero enfatizó que una notificación aislada no habilita la entrega automática de personas sin observar protocolos básicos.
“Se debe cumplir con protocolos judiciales y humanitarios. La crítica que se está haciendo es que no se respeten unos protocolos mínimos,la expulsión de más de 600 personas es difícil de gestionar(…) nosotros tenemos toda la preparación,la propia canciller se ha apropiado del tema, pues para ella es prioritario y sensible.Vamos a estar pendientes para recibirlos y para garantizar sus derechos, queremos hacerlo con las autoridades ecuatorianas”, apuntó.
La Cancillería colombiana reforzó su postura desplazando a la canciller hasta la zona fronteriza para supervisar de primera mano la llegada de los nacionales y encabezar la articulación de medidas de asistencia inmediata.
Para la cartera de Relaciones Exteriores, la prioridad en este momento es garantizar la protección de derechos fundamentales, la verificación del estado de los retornados y el acompañamiento a sus familias.
El Gobierno reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con Ecuador para que este tipo de operativos se enmarquen dentro de las normas internacionales de derechos humanos y se respete la relación de vecindad, históricamente marcada por la cooperación en asuntos migratorios y judiciales.
Aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre las razones individuales que motivaron la expulsión de estas personas, el vicecanciller insistió en que la magnitud del grupo exige un manejo responsable que solo puede lograrse a través de la articulación de las instituciones de ambos países.
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