Rafael Nieto, abogado cercano a Álvaro Uribe y el Centro Democrático, advirtió sobre consecuencias a un fallo adverso para el expresidente

El conteo regresivo por conocer la decisión de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, referente al juicio que afrontó el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado de la comisión de los presuntos delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos, continúa. El lunes 28 de julio de 2025 y tras un prolongado proceso, se conocerá si el exjefe de Estado se convierte en el primer exgobernante condenado por la justicia ordinaria en la historia.

Teniendo en cuenta ese panorama, Rafael Nieto Loaiza, abogado constitucionalista, exprecandidato presidencial y figura cercana al Centro Democrático, dio a conocer inquietudes sobre las implicaciones que tendría para la justicia colombiana un fallo condenatorio contra el exmandatario, según expresó en su más reciente columna de opinión. Y no tuvo problema en asegurar que, en caso de ser condenado, se trataría de una “flagrante violación de sus derechos”.

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Nieto Loaiza, en su escrito La inocencia de Uribe y la politización de la justicia, aseguró que “la inmensa mayoría de quienes se han manifestado están convencidos de que el Expresidente debería ser declarado inocente”, al tiempo que señaló que sectores de izquierda insisten en que se presiona indebidamente a la jueza Heredia. En ese orden de ideas, resaltó cómo el presidente de la República, Gustavo Petro, ha opinado –según él– que debe ser condenado.

“Por cierto, esos quejosos nada han dicho de las declaraciones de Timochenko y de Petro que, él sí vulnerado la ley, han dicho que a Uribe hay que condenarlo. Doble rasero. Además, el caso es muy importante no solo por ser AUV el acusado sino porque están en juego los derechos humanos de él y de todos los colombianos, porque afecta a la democracia y porque es el arquetipo de la judicialización de la política y de la politización de la justicia", dijo Nieto.

En su columna, el letrado detalló una serie de presuntas irregularidades en el origen y desarrollo del caso contra Uribe. Enfatizó que el proceso inició, según relata, con un enfoque político por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; un organismo que, a su juicio, mantenía un “inequívoco sesgo político” contra el exmandatario desde 2006; cuando empezaron, según él, las decisiones en contra del expresidente colombiano.

Con ello, el abogado también se refirió al veto sistemático a los ternados por Uribe para ocupar el cargo de fiscal General de la Nación, entre 2009 y 2010, y a la elección en 2010 de la entonces titular del ente acusador: Viviane Morales, cuya escogencia posteriormente se cayó por aparentes irregularidades en su escogencia, dos años después; cargo al que llegó el hoy ministro de Justicia de Petro, Eduardo Montealegre Lynett, que fue certificado como víctima en el caso.

“Después, en alianza con Santos, modificaron ilegalmente la terna enviada por el expresidente y escogieron una nueva fiscal que, por haber sido elegida ilegalmente, fue más tarde destituida por el Consejo de Estado. Hay que recordar que, además, el magistrado (José Luis) Barceló, principal investigador contra Uribe, era la mano derecha de Leonidas Bustos, líder del cartel de la Toga, del que hicieron parte Malo y Patiño, también de la sala penal", afirmó.

Nieto Loaiza denunció que a Uribe se le negó información esencial sobre la naturaleza del proceso, así como la posibilidad de contrainterrogar a testigos clave, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo estrella en su caso; su expareja Deyanira Gómez y a Carlos Enrique Vélez Según el abogado, las declaraciones se habrían recogido mientras se negaba la existencia de un expediente contra Uribe, que no pudo ejercer el derecho a la defensa.

Además, el constitucionalista mencionó limitaciones para que los abogados del expresidente presentaran testigos de descargo y criticó la filtración de segmentos selectivos de información del caso a medios de comunicación. En esa línea argumentativa, Nieto expresó que la Corte Suprema vulneró la garantía a la inviolabilidad de las comunicaciones mediante interceptaciones al teléfono de Uribe, supuestamente atribuidas de forma errónea al congresista Nilton Córdoba.

“La Corte también vulneró el derecho a la inviolabilidad de comunicaciones cuando chuzó el celular de AUV dizque porque el representante Nilton Córdoba lo habría dado como suyo. El congresista juró ‘por su madre’ que no era cierto y es verdad: su declaración ante la Corte fue en mayo de 2018 y las interceptaciones a Uribe en marzo y abril. Hoy no hay duda de que el magistrado Barceló sabía que ese celular era de Uribe”, afirmó el abogado de derecha.

El constitucionalista advirtió también que se aceptaron como pruebas grabaciones que, en su opinión, se recabaron de forma ilícita, y que la defensa fue privada del derecho de Uribe a comunicarse libremente con sus abogados. “Al juez español Baltasar Garzón esa violación le costó una sentencia de once años y la expulsión de la carrera judicial. Acá es la base del proceso contra AUV”, precisó Nieto Loaiza, que está convencido que el juicio fue espúreo.

Así pues, el columnista insistió en que las pruebas presentadas no vinculan a Uribe con delitos y que los principales testigos han sido refutados incluso por allegados. De hecho, mencionó la manipulación de pruebas como el “reloj espía”, la pérdida inexplicada de grabaciones y una interrupción en la cadena de custodia; a tal punto de acusar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, declarado víctima, de presionar a paramilitares para que declaren contra Uribe.

“Tampoco hubo explicación razonable de por qué a Cepeda se le borraron las conversaciones con Monsalve; y hay una declaración de una ex fiscal que sostiene que desde la Fiscalía de Montealegre se preparó un plan para vincular a Santiago y Álvaro Uribe con los paras. Santiago ya fue declarado inocente", recalcó Nieto Loaiza, en el sentido de las afirmaciones de la exfiscal Hilda Niño, que aseveró en el juicio tales hipótesis conspirativas contra el expresidente.

A juicio de Nieto Loaiza, una condena a Álvaro Uribe tendría profundas repercusiones en la democracia colombiana y en la credibilidad del sistema judicial. “Si condenan a Uribe, con flagrante violación de sus derechos y en contra de la evidencia, se enviará el mensaje de que la justicia puede ser manipulada con propósitos políticos y de que cualquier inocente puede ser sacrificado sin pruebas en los juzgados”, concluyó el letrado en su argumentación.