Qué dice el Gobierno Petro de la vigilancia que ejercerá el Senado a la zona binacional entre Colombia y Venezuela

Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) para la conformación de una zona económica especial, que se llamará ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo’.

Luego de que fue presentada por el dictador Nicolás Maduro, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmaron el documento que crea esa zona y se establecerá en Táchira y Zulia, por el lado del vecino país, y Norte de Santander, por el lado colombiano, sin embargo, el área específica está por definirse.

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El propósito declarado de la zona binacional es fomentar la integración económica, social y de seguridad. El acuerdo contempla incentivar la inversión en los sectores agrícola, industrial y agroindustrial, aplicar programas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y coordinar acciones entre fuerzas de seguridad para combatir delitos como el narcotráfico y el paramilitarismo.

Maduro destacó que este espacio busca promover la paz, el desarrollo y el comercio. De parte del Gobierno colombiano, se resaltó la prioridad de mejorar la infraestructura y dinamizar la economía local mediante iniciativas conjuntas. El acuerdo aclara que no habrá presencia militar venezolana en Colombia y establece que la implementación comenzará como plan piloto en Norte de Santander.

Sin embargo, sobre el mismo persisten las dudas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, se hizo varias preguntas. Una de ellas fue: “¿No sería más sencillo y serio que el Gobierno colombiano publicara cuanto antes el memorando y explicara qué se va a hacer en virtud del memorando firmado con Venezuela, punto por punto, para qué va a servir dicho acuerdo?”.

Para el experto, resultó insólito, por ejemplo, que quien anunció este acuerdo fue Maduro, y el presidente Gustavo Petro no hizo todavía una presentación coherente y completa del asunto hasta el momento.

Ahora, el que se mostró preocupado fue el presidente del Senado de la República. Lidio García. Por medio de X, afirmó que resulta profundamente preocupante el llamado memorando de entendimiento firmado entre ambos países.

El senador del Partido Liberal señaló que no solo le preocupa la ambigüedad del asunto en materia económica y de seguridad, sino porque se suscribe con un régimen cuestionado por la comunidad internacional debido a su ilegitimidad, la sistemática violación de los derechos humanos y los posibles vínculos con estructuras criminales, narcotráfico y grupos terroristas.

Para el congresista, “no genera confianza un acuerdo negociado de manera opaca, sin conocimiento del Congreso ni de la ciudadanía, en plena coyuntura electoral y con implicaciones sensibles para la soberanía nacional, la economía legal e ilegal y la seguridad en las zonas de frontera”.

Dio a conocer que desde el Congreso se ejercerá una estricta vigilancia sobre este proceso. Insistió en que “Colombia no puede permitir que, bajo la apariencia de cooperación, se abran las puertas a dinámicas que pongan en riesgo nuestras instituciones, nuestra economía y la vida de nuestros ciudadanos”.

De igual manera, García informó que se decidió conformar una comisión accidental que dialogue con los responsables del proceso y que, además, se desplace a la zona de frontera para verificar de manera directa los eventuales impactos sobre la economía, la seguridad y las comunidades involucradas.

Lo dicho por el senador García no quedó ahí. La representante a la Cámara Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, también se mostró dudosa sobre el acuerdo y advirtió que pasa lo mismo con lo firmado con China hace unos meses.

“Esperemos las posibles sorpresas del memorando de entendimiento con China (La Ruta de la Seda). Es igual o más delicado, porque compromete la soberanía económica, territorial y tecnológica”, escribió en la red social.

Asimismo, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, dio su respuesta. La funcionaria manifestó que como mujer de frontera, como araucana, conoce profundamente la realidad de los territorios limítrofes. Según ella, ha vivido de cerca la precariedad, el abandono institucional y la necesidad urgente de construir soluciones que respondan a las dinámicas históricas de intercambio, comercio y producción que se dan, y siempre se han dado, entre las comunidades fronterizas.

Por eso, dijo que recibe con total comprensión las solicitudes de líderes sociales y productivos de Arauca y otras regiones que piden avanzar en la consolidación de zonas de desarrollo binacional.

Al respecto, explicó que el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela es una hoja de ruta preliminar, de carácter no vinculante, que busca explorar mecanismos de cooperación técnica y productiva con loss países vecinos. Aclaró que se trata de un instrumento legítimo, amparado por el Derecho Internacional Humanitario, que no sustituye el ordenamiento jurídico nacional ni compromete la soberanía del país. Puntualizó que, por el contrario, está dentro de una apuesta clara del presidente Petro por reactivar las fronteras como territorios de desarrollo, legalidad y paz.

“Contamos hoy con un marco jurídico nacional, vigente y robusto, que nos permite avanzar hacia la estructuración de zonas económicas con vocación agroindustrial, agroalimentaria y de encadenamiento productivo. Esto se hará con trazabilidad, control institucional y participación interinstitucional, con los más altos estándares de transparencia”, afirmó Morales.

De paso, celebró que desde el Congreso se conforme una comisión accidental para conocer el alcance de este proceso y verificar en terreno las realidades sociales, económicas y de seguridad. Dijo que estaría bien que esa visita escuche también las voces de los que vivieron por años la realidad de la frontera y que conocen mejor que nadie tanto los riesgos como las oportunidades de una integración productiva con sentido territorial.

Resaltó que la cooperación técnica y productiva con los países vecinos no puede seguir siendo un tabú, sino que debe ser entendida como una herramienta legítima al servicio del desarrollo regional, de la seguridad humana y de la construcción de paz.

“Nuestro compromiso es claro: formalizar lo que por décadas ha existido en la precariedad, acompañar las fuerzas productivas de frontera, y construir una institucionalidad que permita hacer del comercio legal, la inversión y la cooperación, verdaderas palancas de transformación territorial”, enfatizó la ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Para finalizar, recordó que siempre que no puede haber justicia territorial sin integración productiva, ni paz sin desarrollo regional.