Ejército se interpuso en plan de disidencias para instalar explosivos en la vía entre Puerto Valdivia e Hidroituango

En medio de la agitada situación de orden público que atraviesa el Norte de Antioquia, tropas del Ejército Nacional evitaron que integrantes de las disidencias de las Farc lograran inhabilitar uno de los corredores viales más estratégicos de la región.

Los hechos se registraron el viernes 25 de julio en la vereda El Singo, jurisdicción de Ituango, donde, según información oficial, integrantes del frente 18 pretendían ubicar artefactos explosivos improvisados sobre la vía que conecta a Puerto Valdivia con el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango.

El propósito de esta acción sería restringir el paso de autoridades y trabajadores, así como presionar pagos extorsivos a empresas y contratistas que operan en la zona.

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Habitantes de la vereda reportaron detonaciones y ráfagas que alertaron sobre enfrentamientos entre los insurgentes y uniformados del Ejército, lo que derivó en una reacción inmediata para desactivar los artefactos.

Para reforzar la operación terrestre, fue necesario el apoyo aéreo mediante el despliegue de un avión Arpía, empleado para garantizar el control de la situación y asegurar la integridad de la carretera.

De acuerdo con los reportes entregados por fuentes militares, durante los combates no se registraron heridos ni bajas, ni entre los uniformados ni en el grupo armado ilegal. La intervención impidió que se concretara la instalación de explosivos que habrían puesto en riesgo a civiles, vehículos de carga y maquinaria vinculada a las obras del proyecto hidroeléctrico.

En paralelo a este operativo, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 coronel Atanasio Girardot adelantaron otra acción en la vereda Organi, también en el municipio de Ituango, donde fue localizado y destruido un laboratorio clandestino dedicado al procesamiento de cocaína. Según lo encontrado, en el lugar se hallaron una estructura de madera acondicionada como laboratorio, dos galones de pasta base de coca en solución, químicos como amoniaco, Acpm, gasolina y otros insumos empleados para la elaboración de drogas ilícitas.

Estos hallazgos afectan de manera directa las finanzas de las estructuras armadas que se disputan el control de la zona. La intervención del Ejército se da en un contexto de creciente presión de las disidencias de las Farc sobre empresas y comerciantes de la región, que han denunciado amenazas y extorsiones bajo la advertencia de atentados si no acceden a las exigencias económicas.

El Norte antioqueño continúa siendo escenario de una compleja pugna entre diferentes actores armados, como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que buscan mantener dominio territorial y asegurar rentas derivadas del narcotráfico y la extorsión. Esta disputa sigue generando afectaciones para las comunidades, desplazamientos forzados y riesgos constantes para proyectos estratégicos como Hidroituango, cuya seguridad depende de la presencia permanente de la fuerza pública.

Las autoridades insisten en que mantendrán los operativos en los corredores viales y zonas rurales de Ituango y municipios cercanos, con el fin de neutralizar las acciones de los grupos armados ilegales y garantizar la movilidad de la población y el desarrollo de obras de infraestructura claves para el departamento.

Alias Chapolo, identificado por las autoridades como Jhan Carlos Rodríguez Masmela, es señalado de liderar operaciones armadas y extorsivas en el sur del Tolima. Su presencia, según la Fuerza Pública,ha afectado la seguridad y la vida cotidiana de comunidades rurales de Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Herrera y Bilbao.

Por eso, la Gobernación del Tolima mantiene una recompensa de $100 millones por información que conduzca a su ubicación y captura.

La decisión fue reiterada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien destacó la importancia de la colaboración ciudadana: “Esta persona le está causando un gran daño al sur del Tolima. Queremos pedirle a toda la ciudadanía su colaboración para lograr la captura de este delincuente. La recompensa de $100 millones sigue vigente”.