La designación directa de 22 nuevos directores seccionales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y las crecientes conexiones entre cargos de alto poder y esferas políticas vinculadas con figuras clave del oficialismo han colocado a Luis Eduardo Llinás en el centro de la escena nacional.
De hecho, estas decisiones, al parecer realizadas sin proceso de selección pública y bajo estricta discreción, han generado alarma por el impacto que pueden tener en el control de los puertos colombianos, tradicionalmente punto de interés para mafias y redes de contrabando que buscarían influir en esas posiciones estratégicas.
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Luis Eduardo Llinás, contador de Ciénaga de Oro, asumió simultáneamente la dirección de la Uiaf (Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera) y la Dian, acumulando así facultades inusuales en el organigrama estatal.
Según una reciente investigación adelantada por la revista Cambio, el poder concentrado en su figura amplifica el acceso a información confidencial, manejo de aduanas portuarias y la supervisión de flujos financieros del país. Estos movimientos se han ejecutado en un año de alta presión electoral, lo que ha contribuido a elevar el nivel de reserva y escepticismo entre distintas fuentes institucionales.
Sin embargo, lo que más preocupa es que dichos movimientos dentro de la entidad aduanera se habrían realizado sin el expreso conocimiento del presidente Gustavo Petro, que en meses pasados mostró su profundo interés por acabar con las “mafias” que invadían la Dian y los puertos del país.
Incluso, la directora de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, confirmó a Cambio que el mandatario nacional ni intervino ni estuvo al tanto de los nombramientos masivos efectuados por Llinás, y señaló que su función se limitó a tramitar la publicación de las hojas de vida remitidas, sin conocer el destino de los cargos.
“El presidente no supo de esos nombramientos, no intervino en ellos y no sabía que habían sido hechos sin pasar por ningún filtro”, señaló la directora del Dapre.
Esta afirmación choca con la respuesta de Llinás, que manifestó al diario nacional que el jefe de Estado está “al tanto de todas las actividades y decisiones que se adoptan en la Dian”.
Según la investigación de Cambio, la principal inquietud gira en torno a la forma y las motivaciones detrás de estos nombramientos. Voces reservadas dentro de la Dian y la Uiaf indicaron que el proceso no incluyó verificación exhaustiva patrimonial, pese al riesgo que representa que tales posiciones caigan bajo el influjo de organizaciones ilícitas como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y el aparato de alias Papá Pitufo, señalado como el principal “zar del contrabando”.
Y es que el dominio sobre estos cargos implica influencia directa en los puertos principales, núcleos nodales para operaciones de contrabando y actividades asociadas.
Sin embargo, lo que más preocuparía sería las alianzas que habrían llevado al hoy poderoso funcionario a estar a cargo de dos de las entidades más importantes del Gobierno.
Su proximidad a Nicolás Petro, hijo del presidente al que la Fiscalía ha investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se remonta a su rol como contador y su posterior integración a la oficina de apoyo legislativo en la Asamblea del Atlántico en 2019. Además, Llinás dirigió la campaña presidencial de Petro en Antioquia y mantiene nexo con otros actores de polémica nacional, como Olmedo López, exfuncionario hoy detenido por escándalos relacionados con la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), y el exalcalde Daniel Quintero.
Además de Llinás, otros allegados a Nicolás Petro han ascendido a posiciones de peso en entidades clave. Luis Fernando Montes fue promovido de la Uiaf a la Ungrd, designado como jefe de Contratación por Olmedo López, y el hermano de Llinás ocupó un cargo asesor en dicha unidad. Esta red de vínculos ha facilitado, según relataron fuentes a Cambio, el uso de la Uiaf para filtrar y desplegar investigaciones con selectividad, favoreciendo o exponiendo a determinados grupos y protegidos.
Fuentes ligadas a la revisión de antecedentes dentro del aparato estatal agregaron que se ha empleado el acceso privilegiado para resguardar a figuras del círculo presidencial, como Laura Sarabia (excanciller), Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) y diversos directores regionales de la Dian.
El pasado de Llinás en la Uiaf también ha sido fuente de controversia. Su decisión de hacer público un informe confidencial sobre el sistema de espionaje Pegasus, adquirido en el gobierno de Iván Duque, provocó la suspensión de Colombia del grupo Egmont, limitando la capacidad de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y otras amenazas financieras.
La expulsión minó la efectividad de la Uiaf para rastrear capitales ilegales, debilitando un pilar central de las políticas que el presidente Petro había prometido endurecer contra la llamada mafia “cuántica”.
En paralelo, Llinás ha fortalecido relaciones con figuras políticas y áreas estratégicas dentro de la Dian. Nombró a Carlos Andrés Vargas, exintegrante de la campaña presidencial en Medellín, como subdirector de empleo público, cargo central para la arquitectura de nombramientos.
Según detalló Cambio, Vargas gestiona la agenda de relaciones entre alcaldes, senadores y subdirecciones clave, incidiendo en la entrega de donaciones y bienes incautados, que se presentan en actos públicos con autoridades locales bajo la imagen del Gobierno nacional, con la vista puesta en las elecciones de 2026.
Varias figuras del Congreso, pertenecientes a partidos y tendencias diversas, solicitaron reuniones con Llinás en los meses previos a los nombramientos seccionales, entre ellos los liberales Jorge Hernán Bastidas y Wilmer Castellanos, y del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez. También del Pacto Histórico, Ferney Silva, César Pachón e Isabel Cristina Zuleta, esta última delegada del Gobierno en los diálogos con la Oficina de Envigado, organización criminal con creciente influencia en Buenaventura.
En respuesta a las polémicas revelaciones, Luis Eduardo Llinás defendió la prerrogativa legal de efectuar los nombramientos bajo el modelo de “libre nombramiento y remoción”, asegurando que los cargos previsiblemente están sujetos al criterio del director general y que se cumplió un proceso interno de debida diligencia sin aportar documentación concreta.
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