A lo largo de casi cincuenta años, Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda Castro han protagonizado una de las confrontaciones políticas y judiciales más prolongadas y simbólicas de Colombia.
Sus trayectorias reflejan polos opuestos: Uribe, ligado desde sus orígenes a la ganadería y la administración pública, y Cepeda, heredero de una tradición de militancia de izquierda y participación en movimientos sociales.
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La distancia generacional entre ambos, de solo una década, nunca impidió que sus caminos se encontraran desde los primeros años de sus carreras.
El primer cruce público ocurrió en 1977, durante el paro cívico nacional. Mientras Cepeda acompañaba a su familia en las calles de Bogotá, Uribe desempeñaba un cargo en el Ministerio de Trabajo.
El decreto expedido durante esa época afectó derechos sindicales, tensionando aún más las posturas. Uribe representaba la gestión estatal; Cepeda, la movilización social y la oposición desde las bases. En ese punto comenzó una competencia ideológica que se mantendría por décadas.
El Espectador detalló que los años ochenta trajeron nuevas divisiones. Uribe asumió la dirección de la Aeronáutica Civil y vivió el impacto personal del asesinato de su padre a manos de las Farc. Cepeda, por su parte, sufrió el exilio debido al hostigamiento contra la izquierda y la militancia comunista, mientras su padre lideraba el periódico Voz y era figura central en la Unión Patriótica.
El deceso de Yira Castro por cáncer y, pocos años después, el asesinato de Manuel Cepeda, marcaron al futuro senador y consolidaron su perfil de activista en derechos humanos.
Uribe avanzó en los años noventa dentro de la política institucional. Ejerció como concejal, luego senador, y la gobernación de Antioquia reforzó su presencia en asuntos de seguridad.
Cepeda, en tanto, continuó su labor desde la documentación de crímenes y la denuncia pública, especialmente cuando regresó del exilio e integró movimientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Las trayectorias de ambos reflejaron el clima nacional. La Ley 100 de 1993 encontró a Uribe como ponente y a Cepeda como opositor. La creación de las Convivir y el surgimiento del paramilitarismo acrecentaron las disputas.
Cepeda expresó preocupaciones por la seguridad de su familia, que terminó confirmándose con el asesinato de su padre en 1994, un crimen atribuido por la justicia a una alianza entre fuerzas estatales y grupos paramilitares.
Entrado el siglo XXI, el enfrentamiento adquirió nuevas dimensiones. Uribe fue elegido presidente en 2002 e inició una era trascendente en temas de seguridad y combate al crimen. Paralelamente, Cepeda se consolidó como líder en la denuncia de violaciones de derechos humanos y realizó investigaciones sobre la vinculación de grandes actores políticos y empresariales con estructuras ilegales.
El cruce más directo llegó en el Congreso y luego en los estrados judiciales. Cepeda promovió debates sobre la posible relación entre figuras del uribismo y organizaciones armadas.
Presentó testimonios de exparamilitares acerca de actividades en haciendas vinculadas a la familia Uribe, lo que derivó en denuncias formales. A partir de 2012, Uribe presentó acciones judiciales contra Cepeda, acusándolo de manipulación de testimonios y fraude. Sin embargo, la Corte Suprema archivó esos procesos contra Cepeda y abrió, en cambio, investigaciones contra el expresidente.
El caso escaló hasta convertirse en el proceso conocido popularmente como el “juicio del siglo”. Por primera vez, un expresidente colombiano debió responder por presunta manipulación de testigos.
Iván Cepeda figuró como víctima en el expediente, reflejando la inversión de papeles que durante años dominaron la opinión pública: Uribe, ahora acusado, y Cepeda, reconocido como parte afectada.
La historia entre ambos no solo representa el choque de dos figuras, sino la polarización de un país que ha encontrado en esta rivalidad una síntesis de luchas políticas, discursos opuestos y visiones irreconciliables sobre democracia, derechos humanos y la legitimidad del poder.
La vida política de Uribe, a los 73 años, sigue activa, mientras Cepeda, a los 62, mantiene su papel en el Senado y como referente de causas sociales.
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