ELN anunció levantamiento del paro armado en Chocó, que fue impuesto el 25 de julio

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que informó que levantará el paro armado en Chocó, el cual fue impuesto el 25 de julio de 2025. De acuerdo con el grupo armado, la población podrá movilizarse libremente por el territorio a partir del domingo 27 de julio.

“Agradecemos al pueblo el acatamiento del paro armado e informamos que a partir de las 00:00 horas del día 27 de julio se restablece la movilidad en su totalidad en todo el departamento”, informó la organización criminal en la comunicación del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla.

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En el texto, la organización criminal resaltó la labora de las poblaciones indígenas y afros del departamento, que se centra en conservar los ecosistemas, la cultura y la fauna y la flora. Sin embargo, el grupo armado aseguró que estas acciones se ven afectadas por la corrupción que se evidencia en Chocó.

Según expuso, funcionarios, gobernadores, mandatarios locales, congresistas y partidos políticos tradicionales estarían protegiendo a grandes empresarios y políticos que buscan “saquear los recursos naturales”.

“Mediante la connivencia de las FFMM y el paramilitarismo, han llevado el terrorismo de Estado a niveles extremos; asesinatos, desplazamientos, torturas, desapariciones han menguado los liderazgos y el tejido social, pero todo se oculta y todo se silencia bajo la mirada cómplice de los organismos de protección social o incluso la Iglesia católica”, añadió.

Aunado a ello, puso en duda la eficacia del trabajo que hacen entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería ante la atención de la población que es víctima de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, criticó la declaración que hizo la Diócesis de Quibdó en contra del grupo armado por imponer el paro armado en Chocó, puesto que implica una seria afectación de los derechos de la población, que debe permanecer confinada por las imposiciones de la organización criminal o que, para evitar consecuencias más graves, debe huir del territorio de manera forzada.

“Son desafortunadas las declaraciones sesgadas y carentes de objetividad de los obispos de las diócesis de Quibdó e Istmina Tadó, cuando señalan al ELN del confinar a la población y de violar el Derecho Internacional Humanitario, pero callan ante las atrocidades cometidas por el paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos de las fuerzas militares”, indicó.

No obstante, es importante aclarar que el ELN ha perpetrado todo tipo de acciones criminales en diferentes departamentos del país, entre las cuales se encuentran masacres, secuestros, confinamientos y desplazamientos masivos. Además, el grupo armado ha impuesto al menos 12 paros armados en el departamento en los últimos tres años.

Los paros implican afectaciones a la vida cotidiana de la población, que debe detener todas sus labores para no ser víctima de las retaliaciones de la guerrilla por no cumplir con sus imposiciones.

“Esta situación se nos volvió costumbre en el departamento. Ya todos, como que, nos hicimos a la idea de que cuando se decreta un paro armado, todos nos tenemos que quedar confinados (…). Reina el miedo, el dominio y la imposición que traen estos paros armados. Infunden de tal manera pavor que todo se desestabiliza: el comercio se frena, la movilidad se detiene y todo, realmente, queda parado”, indicó monseñor Mario Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, en conversación con Blu Radio.

El transporte intermunicipal, que se refleja en el movimiento de la economía y en el turismo, también se detiene. En el actual paro armado, por ejemplo, los transportadores se abstuvieron de trabajar hasta que las autoridades departamentales dieran garantías de seguridad.

“Tampoco ha llegado mucha gente a la terminal y se han encontrado con que la empresa ha manifestado que por falta de seguridad no hay despachos el día de hoy”, detalló el director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Antioquia, Samir Echeverri, al medio citado.