El segundo semestre de 2025 promete ser uno de grandes conciertos en Colombia y de asistencias masivas. Buena parte de la razón se encuentra en la inminente apertura del Vive Claro, escenario con capacidad de hasta 40.000 personas ubicada en el occidente de Bogotá.
Dicho escenario tiene contemplado transformarse en un receptor de conciertos en vivo que se sume a la oferta que ya brinda el estadio El Campín y además de los conciertos ya confirmados (que incluyen a Green Day, Kendrick Lamar, Guns N’ Roses, Linkin Park, Imagine Dragons, Shakira y Blessd) tiene contemplada la realización de un evento exclusivo el domingo 27 de julio con la presencia de Jessi Uribe, Paola Jara y Alkilados.
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Sin embargo, estos compromisos han quedado en entredicho por cuenta de las denuncias de distintos sectores que cuestionaron la obra por distintos motivos, como que el terreno elegido para su construcción era un humedal, las quejas de las juntas vecinales por el impacto que tendría la realización de eventos en el lugar producto del ruido, o irregularidades con los permisos de construcción.
Por ese motivo, la concejal Quena Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo, Mónica Naar Pardo, radicaron una acción popular el pasado viernes 25 de julio que tiene por objeto suspender los conciertos programados en este recinto.
La maniobra jurídica, que ya está en el buró del Juzgado Administrativo de Bogotá, busca que las autoridades judiciales revisen de fondo la manera en que se preparó el contrato para el uso del terreno, denunciando que se cometieron varias irregularidades durante su ejecución.
La acción popular se ampara en que las leyes colombianas no permiten que se entreguen bienes del Estado para que se realice en ellos una explotación económica de manera directa, por lo que se debe realizar un proceso licitatorio mediante concesión o una Asociación Público-Privada (APP), según se estipula en las leyes 80 de 1993 y 1508 de 2012.
Según los documentos radicados por Ocesa, la productora responsable de la adquisición y administración del Vive Claro, ante la Beneficencia de Cundinamarca y la Gobernación; el contrato celebrado el 28 de noviembre de 2023 les permite hacer uso exclusivo de más de 249 mil metros cuadrados de espacio público durante cinco años, con derecho a realizar espectáculos masivos, subarrendar y construir estructuras permanentes. Todo esto, por un canon mensual de 361 millones de pesos.
En la acción popular se denuncia que este contrato viola flagrantemente derechos colectivos fundamentales, incluyendo la moralidad administrativa, la libre competencia económica y el derecho a la planificación y legalidad urbanística.
Esta medida se toma días después de que la concejala encabezara una visita al terreno donde se realizan las obras del Vive Claro, junto a representantes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Personería de Bogotá, la Alcaldía Local de Teusaquillo y otras autoridades.
Durante el recorrido, la comitiva encontró que las obras del recinto todavía no están finalizadas, y denunció la negativa a permitir el ingreso de un ingeniero estructural independiente, impidiendo así una verificación técnica crucial.
“La información pública es escasa e insuficiente, y no se ha entregado ningún estudio detallado que garantice la seguridad de hasta 60 mil asistentes que podría recibir el lugar”, advirtió Ribadeneira, solicitando a la Secretaría Técnica del Comité del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA) un expediente completo del trámite y autorizaciones del evento.
La concejala expresó que aunque Idiger en un primer momento dijo que el concierto de inauguración fue cancelado por el organizador, en el terreno se constató que los preparativos siguen en marcha. “Esto solo genera más incertidumbre. El escenario no está terminado, no hay plan de mitigación de ruido, y aun así se proyecta realizar allí un concierto masivo”, señaló.
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