El expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca, anunció que, el lunes 28 de julio, se reunirá con el actual presidente de la corporación, Julián López, para coordinar una respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional en el marco del estudio de la reforma pensional.
Esta declaración surge en medio de la decisión del alto tribunal de solicitar nuevas pruebas sobre el trámite de la Ley 2381 de 2024, que crea el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.
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“Lo que pide el doctor Ibáñez está en el informe que se presentó, pero es deber de la Cámara responder y dar todas las claridades pertinentes. El lunes mismo me reuniré con el Presidente entrante doctor López para expresar mi posición al respecto y ayudar si lo considera a dar oportuna respuesta a lo pedido para dar luz verde a la Reforma Pensional”, informó Salamanca a través de su cuenta de X.
La Reforma Pensional, una de las apuestas más relevantes del Gobierno, ha enfrentado múltiples cuestionamientos jurídicos. En agosto de 2024, la Corte Constitucional admitió una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien alegó irregularidades en el procedimiento legislativo y posibles violaciones al artículo 48 de la Constitución.
En julio de 2025, la Corte identificó un vicio de procedimiento y ordenó devolver la ley a la Cámara de Representantes para subsanarlo. En cumplimiento de esta orden, Salamanca remitió el 18 de julio un informe detallado del trámite, que incluye las actas y el “minuto a minuto” de las sesiones extraordinarias realizadas el 28 de junio.
El entonces presidente de la Cámara explicó que la demora en entregar el informe se debió a la alta carga legislativa: “la demora en presentar este informe se debió a la extensa labor que tuvo la Cámara durante esta legislatura, que en los últimos años es la que más sesiones y discusión de proyectos ha realizado”.
Detalles del informe y las sesiones extraordinarias
El documento entregado a la Corte recoge información exhaustiva sobre el desarrollo de las sesiones extraordinarias convocadas para corregir el vicio de trámite. Salamanca detalló que el informe incluye las actas oficiales y los aspectos procedimentales relevantes para el análisis constitucional.
Además, explicó que el 17 de junio de 2025 ya se conocía públicamente el auto 0841, mediante el cual la Corte devolvió el proyecto para corregir las fallas, y que la comunicación oficial llegó diez días después a la Cámara. Según Salamanca, ese fue el momento en que comenzó a correr la obligación de acatar el mandato del tribunal.
Respecto al llamado a sesiones extraordinarias, el exfuncionario aclaró que la convocatoria de la Presidencia de la República permitió cumplir con los requisitos de publicidad y cuórum necesarios para continuar con el debate.
Recordó que existe jurisprudencia que respalda esta práctica: “cuando se expide un decreto de citaciones extraordinarias no es necesario hacer anuncios, porque el decreto mismo de convocatorias extras cumple con el requisito de publicidad”.
Durante las sesiones extraordinarias, la Cámara decidió nuevamente acoger el texto aprobado en el Senado. El debate, que se extendió por más de cuatro horas, culminó con 104 votos a favor, una cifra superior a los 84 votos obtenidos en la primera discusión del 14 de julio de 2024. En esta ocasión participaron 126 representantes, lo que, según Salamanca, garantizó un proceso transparente y abierto.
Nuevas pruebas y postergación del fallo de la Corte
Pese a la entrega del informe, la Corte Constitucional anunció el 23 de julio de 2025 que postergará su decisión final sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del tribunal y ponente del caso, ordenó la práctica de pruebas adicionales dirigidas al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y a la Cámara de Representantes para esclarecer posibles irregularidades.
El alto tribunal busca determinar si las sesiones extraordinarias cumplieron con el debido proceso legislativo. En caso de confirmarse irregularidades, podría declararse inconstitucional la reforma o devolverla nuevamente al Congreso para su corrección.
La decisión que tome la Corte Constitucional será definitiva para el futuro del sistema pensional en Colombia. Gobiernos, sindicatos y fondos privados esperan el fallo, que definirá si la Ley 2381 de 2024 entra en plena vigencia o debe ser replanteada.
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