
Las autoridades en Medellín mantienen el rumbo investigativo en el caso de Amaia Montoya Cardona, la niña de dos años que falleció en circunstancias violentas a principios de julio en el corregimiento de Altavista. La búsqueda del principal sospechoso del homicidio se intensificó luego de que el alcalde de la ciudad, Federico “Fico” Gutiérrez, divulgara públicamente la imagen del presunto agresor y anunciara una recompensa significativa por información que conduzca a su captura.
En un mensaje emitido a través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario local ofreció una suma de hasta 100 millones de pesos por datos que permitan localizar y detener a Darwin Stiven Arango Aguirre, al que se le atribuye el papel de coautor en el crimen de la menor.
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“(...) Señalado como el responsable del atroz e inaceptable homicidio de Amaia Montoya Cardona, una bebé de apenas dos años, asesinada el pasado 10 de julio en el barrio Belencito Corazón. Este es un crimen indignante y absolutamente reprochable que como sociedad no vamos a tolerar”, expresó el alcalde en su publicación.

La imagen de Arango Aguirre fue difundida tanto por la Alcaldía de Medellín como por otros organismos del Estado, dentro de una estrategia conjunta que busca recabar el apoyo ciudadano para esclarecer los hechos en su totalidad. El señalado permanece prófugo desde que se conocieron las inconsistencias en su relato sobre el estado de salud de la menor, cuando la llevó a la Unidad Intermedia de San Javier el 10 de julio en la noche.
El caso comenzó a adquirir dimensión judicial tras el dictamen de Medicina Legal, el cual evidenció múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo de la bebé, así como signos compatibles con violencia sexual. De acuerdo con los informes forenses, las lesiones no correspondían con la versión entregada inicialmente por el padrastro, que aseguró que la niña había caído accidentalmente de una cama.
La realidad revelada por los especialistas fue completamente distinta, lo que activó de inmediato el aparato judicial y llevó a la captura de la madre de la niña, que ya enfrenta un proceso penal bajo medida de aseguramiento intramuros.

La Fiscalía General de la Nación, por medio de su Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), formuló imputación de cargos contra la mujer, de 25 años, por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, también en modalidad agravada. Aunque la sindicada no aceptó los cargos, las autoridades consideran que su responsabilidad está claramente sustentada en el material probatorio recolectado hasta el momento.
Los hechos, según la investigación, se desarrollaron entre los días 8 y 10 de julio en una vivienda ubicada en el sector Los Tanques, en la parte alta de Altavista. Allí, tanto la madre como el padrastro habrían sometido a la niña a reiteradas agresiones físicas, que finalmente le causaron la muerte.
La noche del 10 de julio, la menor fue ingresada a la mencionada unidad de salud sin signos vitales y las sospechas surgieron al momento en que el personal médico examinó el cuerpo de la menor y detectó heridas de gravedad que no se correspondían con una simple caída doméstica.

Un día después del funeral de Amaia, el alcalde Fico Gutiérrez declaró que la niña había sido víctima de un homicidio y prometió una actuación decidida de la institucionalidad para evitar que el caso quedara sin responsables. En cumplimiento de ese compromiso, la administración municipal lideró acciones de coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía y otras entidades del Estado para lograr la pronta localización del sospechoso.
“Ya hemos logrado un avance importante: su madre, cómplice del crimen, fue capturada el pasado 22 de julio y enviada a la cárcel. Ahora vamos tras él con toda la fuerza institucional. Pedimos a quien tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades. Su colaboración es clave para hacer justicia. Este asesino cae porque cae. Absoluta reserva”, afirmó el alcalde en su mensaje.
La Administración distrital reiteró que toda información recibida será tratada con confidencialidad absoluta y destacó la necesidad de fortalecer la colaboración ciudadana en casos de este tipo, en los que los derechos fundamentales de los menores de edad han sido vulnerados de manera grave.
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