Juan Guillermo Monsalve, testigo fundamental en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue trasladado nuevamente a la cárcel La Picota tras recibir atención médica por una afección cardíaca.
El jueves 24 de julio, Monsalve fue llevado desde La Picota a un centro hospitalario para ser evaluado por malestares en el corazón.
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Según los médicos consultados por el medio Semana, se descartó que se tratara de un infarto y se le brindó atención primaria en el mismo centro de reclusión. A la 1:45 de la madrugada, Monsalve fue retornado a su celda, donde permanece bajo estricta custodia.
No es la primera vez que el testigo presenta este tipo de síntomas, lo que ha generado preocupación sobre su estado de salud en momentos decisivos para el caso que involucra al exmandatario.
Monsalve cumple una condena de 44 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Su testimonio ha sido clave para la investigación judicial contra Uribe, especialmente por las acusaciones relacionadas con presiones para modificar su declaración.
La situación de Monsalve cobra especial relevancia ante la inminente decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia sobre este caso, que tiene en vilo al país.
La controversia sobre su papel como testigo ha vuelto a cobrar fuerza con la reciente radicación de la ley de sometimiento, impulsada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Esta iniciativa, orientada a reactivar la denominada Paz Total, contempla beneficios judiciales para exintegrantes de grupos armados ilegales que se encuentran privados de la libertad, con el propósito de facilitar su reinserción social.
Sin embargo, la propuesta ha generado inquietud porque podría aplicarse a personas como Monsalve, cuyo rol en procesos judiciales ha sido cuestionado y cuyo pasado criminal es ampliamente conocido.
Jaime Granados, abogado principal de Uribe, ha sido una de las voces más críticas frente a esta ley. En un conversatorio reciente, advirtió que la iniciativa podría convertirse en “el premio que estaba buscando Juan Guillermo Monsalve para salir libre de la Picota”, la cárcel donde está recluido.
Granados afirmó que Monsalve ha empleado tácticas como la falsedad en sus testimonios para lograr rebajas de pena o evitar traslados a otras prisiones, lo que pone en entredicho la validez de su testimonio contra el expresidente.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura firme en defensa de la autonomía judicial, pidiendo públicamente que no se ejerza presión sobre los jueces encargados del caso.
A través de sus redes sociales, Petro declaró: “No se debe presionar a los jueces”, enviando un mensaje claro para evitar influencias indebidas en las decisiones judiciales.
Además, señaló que evitará pronunciarse sobre las actuaciones de Uribe y sus debates legislativos hasta que la justicia tome una determinación definitiva.
En contraste, la defensa de Uribe insiste en que el proceso judicial tiene un trasfondo político y califica la judicialización como un “entrampamiento” diseñado para perjudicar al expresidente.
Argumentan que el testimonio de Monsalve es un elemento clave en esta estrategia y que una posible liberación de este testigo podría cambiar el curso del proceso.
Monsalve ha declarado que Álvaro Uribe, junto a su hermano Santiago y Santiago Gallón Henao —fundador de la hacienda Guacharacas tras la muerte de Alberto Uribe Sierra y autor intelectual del asesinato del futbolista Andrés Escobar—, establecieron el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el propósito de enfrentar al ELN y proteger intereses económicos, aunque esta estructura paramilitar también cometió crímenes contra civiles.
La defensa de Uribe ha cuestionado la credibilidad de Monsalve, alegando que no figura en las listas oficiales del proceso de Justicia y Paz, y resaltando sus antecedentes criminales.
Además, sostiene que Monsalve fue presionado para cambiar su versión y acusa al senador Iván Cepeda, quien recogió su testimonio en 2009, de intentar sobornarlo para perjudicar a Uribe.
La controversia se profundizó cuando se reveló que el abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreció beneficios carcelarios a Monsalve a cambio de modificar su declaración. Por estos hechos, Cadena fue suspendido durante tres años para ejercer como abogado.
Actualmente, el debate sobre la ley de sometimiento continúa abierto en el Congreso, mientras la opinión pública y los actores políticos permanecen atentos al desarrollo de este caso que no solo pone en juego la credibilidad del sistema judicial, sino también la estabilidad política del país.
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