Durante años, en la región del Urabá antioqueño y otras zonas bananeras de Colombia, circularon rumores persistentes sobre pagos sistemáticos de grandes empresas a grupos armados ilegales. El miércoles 23 de julio, uno de los casos más emblemáticos de esa oscura relación empresarial-paramilitar tuvo un fallo definitivo, siete exdirectivos de Banadex, filial colombiana de la multinacional Chiquita Brands International, fueron condenados a 11 años y 3 meses de prisión por el Juzgado VI Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
La sentencia, que llega a tan solo dos meses de que el caso prescribiera, representó una decisión judicial sin precedentes en el país. Los exdirectivos Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún fueron encontrados culpables del delito de concierto para delinquir agravado, al haber financiado de forma sistemática a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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La sanción incluyó además una multa de 13.879 millones de pesos (aproximadamente 3,4 millones de dólares), como parte de la reparación. El fallo reconoce que los ejecutivos, en su papel dentro de Banadex, autorizaron pagos que facilitaron el fortalecimiento y expansión del Bloque Bananero de las AUC, grupo que sembró el terror en regiones productoras entre 1997 y 2004.
“El fallo identifica al paramilitar Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, como el enlace entre Chiquita y el Bloque Bananero de las AUC”, señaló este miércoles la senadora Isabel Zuleta, del partido Pacto Histórico, que celebró el pronunciamiento judicial. “Celebramos esta decisión, que llega a dos meses de que el caso prescribiera, y reconoce los nexos de la multinacional con las AUC, a través de más de 100 pagos ilegales”, añadió la congresista.
El documento judicial ofreció detalles sobre cómo operó esta red de financiamiento. “La Fiscalía probó que la empresa Chiquita Brands (a través de su filial Banadex) y bajo la creencia de que las extorsiones no eran punibles, autorizó la entrega de recursos a las AUC”. Parte de esos recursos se canalizaron mediante las llamadas Convivir, asociaciones de seguridad privada legalmente reconocidas en su momento, pero que, según el fallo, “aunque en la fecha de los hechos gozaban de presunción legal, ya habían sido permeadas por las Autodefensas para obtener esos recursos”.
Más aún, el fallo aclaró que “esa financiación era de conocimiento de todos los directivos, quienes tuvieron una participación necesaria de acuerdo con el rol que desempeñaban en la compañía y debidamente aprobada por sus superiores en la casa matriz”.
El caso en Colombia se conecta con otro proceso judicial en Estados Unidos. En junio de 2024, un jurado federal en West Palm Beach, Florida, condenó a Chiquita Brands en un juicio civil, ordenando el pago de 38,3 millones de dólares a víctimas y familiares afectados por la violencia paramilitar financiada por la multinacional.
El veredicto estadounidense fue contundente, Chiquita no logró demostrar que “la asistencia que brindó” a las AUC fuera consecuencia de una “amenaza ilegal, inmediata e inminente”. Más aún, el fallo concluyó que esa asistencia “constituyó una actividad peligrosa que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos”.
La sentencia en Colombia, sumada al veredicto en EE. UU., consolida un precedente judicial poderoso sobre las responsabilidades corporativas en contextos de conflicto armado. Muestra, además, cómo actores empresariales de alto nivel pueden ser llevados ante la justicia cuando sus decisiones contribuyen a alimentar dinámicas de violencia.
Años después de los crímenes y del silencioso flujo de dinero que alimentó a las AUC, las decisiones de los tribunales comienzan a cerrar un capítulo marcado por la impunidad, al menos en lo que respecta al papel de las grandes compañías.
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