La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra seis dirigentes políticos investigados por su presunta participación en la red de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Los congresistas investigados son: Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador; Karen Manrique, representante de las curules de paz; y Liliana Bitar, senadora del Partido Conservador.
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También están vinculados Julián Peinado, representante a la Cámara del Partido Liberal; Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira y actual senador del Partido Liberal; y Juan Diego Muñoz, exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador.
De acuerdo con información revelada por medios como Blu Radio y El Espectador, el magistrado Misael Rodríguez había presentado un proyecto de fallo solicitando la medida de aseguramiento, pero la mayoría de la Sala de Instrucción lo rechazó.
Por esta razón, los investigados continuarán enfrentando el proceso en libertad.
Según la información obtenida por Semana, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el que rechaza la imposición de medidas de aseguramiento contra los legisladores, aunque reconoce que el caso cuenta con “un acervo probatorio que permite afirmar la configuración de una inferencia razonable de autoría o participación en los hechos punibles imputados”.
La investigación, abierta en noviembre de 2024, busca establecer si estos dirigentes emitieron conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios ilícitos que se habrían materializado en contratos gestionados por la Ungrd.
Uno de los elementos más llamativos del caso es el ritmo acelerado con el que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) aprobó 13 de los 18 conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda en solo 18 días del período legislativo de 2023, un comportamiento considerado atípico por los investigadores.
El expediente incluye más de 50 pruebas documentales y una decena de testimonios recabados por la policía judicial.
Los contratos objeto de investigación se ejecutaron en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), con un valor cercano a 92.000 millones de pesos.
De acuerdo con las declaraciones y la información recopilada, la presunta materialización de las coimas habría estado ligada a tres proyectos específicos.
El primero corresponde a obras de emergencia para la recuperación del sistema integral de drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y el casco urbano del municipio de Cotorra, Córdoba.
El segundo, a la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba en Saravena, Arauca.
Finalmente, el tercer proyecto involucró la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar.
Una pieza clave en la investigación ha sido la declaración de Olmedo López, quien relató ante la Corte Suprema la existencia de un “cónclave” celebrado en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Según su testimonio, esta reunión fue presidida por Carlos Ramón González, entonces director del Dapre; el ministro del Interior en ese momento, Luis Fernando Velasco; y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En dicho encuentro, según López, se habrían discutido y acordado mecanismos irregulares para la aprobación de iniciativas legislativas a cambio de “mermelada”, un término coloquial en Colombia para referirse a la compra de apoyo político mediante contratos y beneficios económicos.
Estas irregularidades habrían estado motivadas por una supuesta preocupación del Gobierno, expresada en varias reuniones que coincidieron con sesiones del consejo de ministros entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, periodo en que operó el esquema ilegal investigado.
La Corte Suprema continúa el proceso, y aunque por ahora los investigados siguen en libertad, la investigación sigue abierta y avanza con la recopilación y análisis de más pruebas
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