Autoridades suspenden motel en Bogotá: lo que hallaron generó gran preocupación en el sector comercial

En una reciente inspección en la localidad de Kennedy, las autoridades sellaron un establecimiento tras detectar irregularidades en su actividad comercial. Durante la revisión, hallaron dosis de estupefacientes en las habitaciones y confiscaron un arma blanca.

El operativo, parte de una estrategia interinstitucional, reflejó la creciente preocupación por la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna) en el sur de Bogotá, según indicó la Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia en el transcurso del jueves 24 de julio del 2025.

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La entidad en coordinación con la alcaldía local de Kennedy, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá, intensificaron la vigilancia en zonas identificadas como críticas para la protección de menores. Según la información oficial, los recientes despliegues en los barrios Techo y Carvajal incluyeron la verificación de hoteles, moteles y hostales.

El objetivo principal consistió en prevenir el ingreso de menores a estos espacios, sensibilizar a los administradores y propietarios sobre su responsabilidad y proporcionarles las líneas de atención para reportar cualquier caso de Escnna.

La estrategia no se limita a los moteles. Las autoridades extendieron las inspecciones a bares, plazas de mercado, terminales de transporte terrestre, parques públicos, centros de lenocinio y zonas comerciales. Esta búsqueda activa busca cerrar los espacios donde los menores pueden estar en riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles delitos.

El enfoque de las autoridades apunta a enfrentar el crimen de manera directa y a garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en la ciudad. Además, se busca ofrecer a los residentes de Kennedy un entorno más seguro, tanto para los adultos como para los menores de edad.

La prevención de la explotación sexual comercial de menores requiere la participación activa de la comunidad. Entre las recomendaciones difundidas por las entidades responsables, se destacó la importancia de fomentar la confianza para que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros al hablar sobre situaciones incómodas o de riesgo. También se subraya la necesidad de enseñarles su derecho a rechazar y alejarse de contextos que les resulten inseguros.

Otra medida esencial consiste en evitar que los menores permanezcan solos en lugares públicos o con personas desconocidas. La vigilancia sobre el contenido que comparten en el ciberespacio resulta fundamental: no se debe permitir que tomen fotografías para compartir en línea ni que establezcan contacto con desconocidos a través de juegos o redes sociales.

Las autoridades insisten en la responsabilidad de los adultos de no adquirir productos o servicios en lugares donde pueda existir explotación de menores, incluidas ofertas de actividades sexuales en el turismo o material de abuso sexual infantil. Hablar abiertamente sobre el delito de Escnna, los factores de riesgo y las formas de protección es clave para la prevención.

Las cifras más recientes de Medicina Legal revelan un panorama alarmante: en lo que va de 2025, Bogotá ha registrado 329 casos de presunto abuso sexual, 338 de violencia intrafamiliar y 284 de violencia interpersonal contra menores de edad.

Estos datos, presentados por el concejal de la Alianza Verde Julián Espinosa, ponen en evidencia que los delitos contra la infancia no se limitan a hechos aislados, sino que configuran una tendencia persistente y preocupante.

Espinosa hizo públicas estas cifras tras la captura de Fredy Arley Castellanos, acusado por padres de familia de cometer abusos en un jardín infantil del Icbf en la localidad de San Cristóbal, en mayo del 2025. El concejal fue enfático al exigir justicia y manifestó: “Y sí, soy de los que cree que delitos como estos deberían tener cadena perpetua o castración química”.

La violencia que afecta a la niñez en la ciudad no se limita al abuso sexual ni a la violencia intrafamiliar. Medicina Legal también reportó, durante 2025, 10 homicidios, 5 muertes por accidentes de tránsito, 3 por causas accidentales y 7 suicidios de niños, niñas y adolescentes. Las cifras reflejaron la multiplicidad de riesgos a los que se enfrenta la población infantil y adolescente en la capital, y la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral.

La dimensión digital de la explotación sexual infantil adquirió una relevancia particular en los últimos años. Según Te Protejo Colombia, en 2024 se registraron 838 casos de violencia digital en Bogotá, lo que representa un aumento del 58% respecto al periodo anterior.

Puentes advirtió que “el acceso a contenidos ilícitos y la facilidad con la que se comparten estos materiales en entornos digitales hacen indispensable fortalecer los mecanismos de control y prevención”. Además, entre 2020 y junio de 2024, se reportaron y bloquearon alrededor de 102.537 URL’s con material de abuso sexual infantil, lo que ilustra la magnitud del desafío y la urgencia de una intervención coordinada.

El problema trasciende las fronteras nacionales. De acuerdo con Unicef, alrededor del 80% de los niños en 25 países informan que se sienten en peligro de abuso o explotación sexual en línea, lo que evidencia la dimensión global de la amenaza y la necesidad de adoptar medidas urgentes tanto a nivel local como internacional.

En Colombia, el abuso sexual de menores o inducirlos a prácticas sexuales constituye un delito que conlleva penas de prisión. Ante cualquier caso conocido, las autoridades exhortan a reportar de inmediato a la línea 141 del Icbf, la Línea de Emergencias 123 o la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio 018000-910165.