Petro replicó “informe ciudadano” que afirma que paros arroceros son organizados con maquinaria pesada de alcaldes opositores: “Usaré la constitución si es necesario contra ese proceder”

El presidente Gustavo Petro compartió un “informa ciudadano” -un video difundido en redes, sin confirmaciones oficiales o fuentes más allá de la voz que afirma lo que allí se dice- en donde se asegura que el paro arrocero es impulsado por alcaldes y gobernadores de oposición, en contubernio con el exsenador Jorge Robledo.

Según el video publicado el 24 de julio, el paro que lleva varios días es foemntado por el exsenador del partido Dignidad & Compromiso, y otros políticos, que han puesto maquinaria pesada y costosa a bloquear las vías.

“Allí se dice que todo esto es por causas políticas, desde el movimiento “Dignidad agropecuaria”: “Una organización con vínculos partidistas conocida por bloquear y presionar, no por dialogar; uno de los que está detrás es Jorge Enrique Robledo, político opositor que nunca ha trabajado la tierra pero pontifica sobre el agro. Lo acompañan figuras como Julio Cala en Casanare, Hoidoro Álvarez en el Meta y políticos cercanos y políticos cercanos al Clan Barreto en el Tolima. Mientras el Gobierno invita al diálogo, ellos bloquean las vías con maquinaria pesada que no tienen los campesinos comunes”, se afirma en el video.

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El presidente Petro, además de validar y compartir la información del video, dijo que tomará acciones constitucionales para ponerle fin al paro.

“Este informe ciudadano dice que alcaldes y gobernadores de oposición ponen la maquinaria que el gobierno les da para bloquear carreteras. solicito a la procuraduría investigar estas irregularidades. Usaré la constitución si es necesario contra ese proceder”.

El paro nacional que adelantan productores de arroz en Colombia llega a su décimo día sin que se logre un acuerdo definitivo entre agricultores y el Gobierno Nacional. Las cifras de pérdidas económicas superan los 25.000 millones de pesos, de acuerdo con reportes de gremios del sector transportador y agropecuario, mientras la tensión aumenta por la afectación a la cadena de suministro de uno de los alimentos esenciales en la canasta básica de millones de hogares.

El cese de actividades comenzó el pasado 14 de julio, impulsado por asociaciones de agricultores, campesinos y productores que reclaman garantías para la compra del arroz paddy verde, el grano en su estado natural. Según los organizadores de la protesta, la principal exigencia es que el Ministerio de Agricultura expida una resolución que fije un precio mínimo de compra que permita cubrir los costos de producción y asegurar la sostenibilidad de la actividad.

Los bloqueos viales, instalados en varios corredores estratégicos del país, han tenido un impacto directo en la movilidad de la carga y en la entrega de materia prima a molinos e industrias. Datos de Fedetranscarga, gremio que agrupa a transportadores de carga, indican que cada jornada de paro deja pérdidas aproximadas de 2.500 millones de pesos, sumando efectos negativos para productores, transportistas, comercializadores y consumidores.

En el frente de las negociaciones, las conversaciones entre delegados de los arroceros y representantes del Gobierno Nacional han avanzado en puntos específicos, pero sin alcanzar todavía un compromiso formal que destrabe la situación. Voceros de Usocoello y del Comité Nacional de Paro reiteraron que la continuidad de la protesta está sujeta a la definición clara de un precio que respalde la rentabilidad del cultivo.

Como parte de un gesto de apertura, se anunció que este jueves 24 de julio se permitirá la circulación de vehículos durante dos horas en algunos puntos donde permanecen bloqueos, con la expectativa de facilitar la llegada de bienes y servicios mientras se mantiene la presión para lograr un acuerdo.

El escenario también ha despertado preocupación en otros eslabones de la cadena productiva. Fedearroz, la Federación Nacional de Arroceros, advirtió que la falta de consensos amenaza con poner en riesgo el sustento de más de medio millón de familias en cerca de 200 municipios del país. La organización reiteró que está dispuesta a aportar criterios técnicos y económicos para definir una fórmula de precio que permita salvar la cosecha que ya empezó a recolectarse.