Pacto Histórico también criticó al presidente de la Corte Constitucional por aplazar decisión de la reforma pensional: “Es activismo judicial”

La bancada del Pacto Histórico elevó el tono de su reclamo al Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, luego de que se conociera que la Sala Plena del alto tribunal decidió postergar el fallo definitivo sobre la subsanación de vicios de trámite en la reforma pensional.

En un comunicado, difundido por el Comité Político Nacional del Pacto Histórico, la colectividad oficialista catalogó esta decisión como una dilación injustificada en el proceso de revisión de la ley, y señalan que esta demora afecta directamente la implementación de una norma que, de acuerdo con sus cifras, beneficiaría a más de tres millones de adultos mayores actualmente desprotegidos por el sistema pensional.

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“El Comité Político Nacional y la bancada del Pacto Histórico expresan su profunda preocupación por los reiterados actos de activismo judicial de oposición realizados por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en el proceso de revisión de la Ley de Reforma Pensional”, se lee en el comunicado.

En el texto, el Pacto Histórico sostiene que la reforma pensional fue objeto de debate y aprobación en todas las instancias legislativas pertinentes.

“Resulta alarmante que, pese al cumplimiento del trámite legislativo y a la subsanación del vicio de procedimiento advertido por el Tribunal, el magistrado Ibáñez insista en dilatar el análisis de fondo de esta ley, generando un evidente entorpecimiento del calendario de implementación de una norma que beneficia directamente a más de tres millones de adultos mayores que hoy no cuentan con protección pensional”, aseveraron.

Igualmente, el movimiento político acusó al magistrado Ibáñez de incurrir en “activismo judicial de oposición” y de entorpecer el calendario legislativo, a pesar de que, según el movimiento, ya se subsanaron los vicios de procedimiento señalados por el tribunal.

“Al cuestionar amañadamente la labor del legislativo y al intervenir de manera dilatoria en el trámite legislativo, se incurre en una extralimitación que amenaza con debilitar el principio de separación de poderes y socava la legitimidad institucional”, manifestaron.

En su llamado, el movimiento exige que la Corte Constitucional actúe con “celeridad y responsabilidad histórica”, y rechaza cualquier intento de convertir la justicia constitucional en un obstáculo para reformas sociales y democráticas que, afirman, han sido aprobadas conforme a derecho y legitimidad.

“El país no puede seguir aplazando decisiones cruciales por temores políticos o presiones de intereses económicos. La justicia constitucional no puede convertirse en un instrumento para frenar reformas democráticas y sociales, aprobadas en derecho y en legitimidad. El pueblo colombiano exige resultados. Los adultos mayores esperan justicia”, puntualizaron en el comunicado, en el que destaca que los representantes Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe Muñoz y Alejandro Ocampo no firmaron la misiva.

Según información revelada por El Tiempo, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, que ordena la práctica de 17 pruebas en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en la Cámara, con el objetivo de esclarecer el procedimiento para la convocatoria de sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio de 2025.

Según el magistrado, esas sesiones resultaron fundamentales para subsanar los vicios de trámite identificados durante la discusión de la reforma.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. Tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, interpretaron la decisión como una maniobra que podría retrasar aún más la entrada en vigor de la reforma pensional.

En palabras del jefe de Estado, “La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado. Dudar de la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y del presidente de la República es de una grosería inmensa. Pero como en toda ley, hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo”.

Por su parte, Armando Benedetti, ministro del Interior, cuestionó si el magistrado Ibáñez buscaba impedir la entrada en vigencia de la ley y al señalar la frecuencia con la que la Corte Constitucional habría incurrido en este tipo de dilaciones.

“¿Cómo es posible que el magistrado Ibáñez ponga en duda lo que diga el presidente de la Cámara y altere el procedimiento de la revisión de una Ley que 3 millones de viejos y viejas están esperando?”, escribió en X

La reforma pensional había sido aprobada por primera vez en junio de 2024, pero, por orden de la Corte, se votó nuevamente el 28 de junio del 2025, donde se habría corregido los vicios de trámite de la iniciativa que estaba prevista a entrar en vigor desde el primero de julio del año en curso.