Estados Unidos recortaría a la mitad la ayuda económica a Colombia: estas serían las consecuencias según especialista

Estados Unidos reducirá de forma significativa los recursos que destina a Colombia en el próximo año fiscal, según lo aprobó el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de ese país.

La partida para Colombia en 2026 quedó fijada en 209 millones de dólares, cifra que representa una disminución cercana al 50 % frente a los montos asignados en el año fiscal anterior.

El recorte abarca tanto los recursos dirigidos a fortalecer la seguridad como aquellos destinados a programas de carácter social y económico.

De acuerdo con la distribución incluida en el proyecto aprobado, se destinarán 103 millones de dólares para labores de lucha contra el narcotráfico, 38 millones para apoyar a las Fuerzas Armadas y 67 millones para proyectos de desarrollo y asistencia económica.

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La decisión fue impulsada principalmente por el republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité de asignaciones para Operaciones en el Extranjero y Seguridad Nacional, quien expuso en el informe diversas preocupaciones de Washington sobre la relación bilateral con el gobierno colombiano.

Según información divulgada por El Colombiano, Díaz-Balart atribuyó la reducción presupuestal a lo que describió como políticas perjudiciales, actuaciones erráticas y vínculos problemáticos de la administración del presidente Gustavo Petro, factores que a juicio del Comité contradicen los intereses de seguridad y cooperación de Estados Unidos.

El documento aprobado también señala que la administración colombiana no habría aprovechado de manera eficaz la cooperación estadounidense para impulsar objetivos comunes, razón por la que se decidió ajustar la asignación de fondos.

La reducción más drástica, del 66 %, afecta principalmente los programas “blandos”, relacionados con asistencia económica y social.

El Comité incluyó además un apartado sobre la situación interna de Colombia, advirtiendo sobre la crisis política y social que enfrenta el país.

En este punto se menciona el caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, expresando inquietud por posibles irregularidades en el debido proceso, vigilancia no autorizada, restricciones al derecho a la defensa y eventuales conflictos de interés.

Para los legisladores estadounidenses, estos elementos reflejan riesgos de politización de la justicia y debilitan la independencia judicial y el Estado de derecho.

Otro asunto que encendió alarmas en la Cámara Baja de Estados Unidos es el rumbo de la lucha antidrogas.

Mientras Colombia defiende la erradicación manual de cultivos ilícitos como una alternativa más sostenible desde el punto de vista ambiental, Washington insiste en estrategias más contundentes y de resultados rápidos, como la aspersión aérea con glifosato.

No obstante, los resultados obtenidos por el gobierno colombiano han sido objeto de cuestionamientos, pues, según el más reciente informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia continúa siendo el principal productor de cocaína a nivel global.

La misma UNODC estima que al cierre de 2023 en el país había cerca de 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y una producción anual de aproximadamente 2.600 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 53 % frente a las cifras de 2022. Estos datos refuerzan la percepción en Washington de que los resultados en la lucha contra el narcotráfico no cumplen las expectativas conjuntas.

En medio de los señalamientos, el Comité de Asignaciones incluyó una mención adicional sobre supuestos problemas de consumo de drogas entre altos funcionarios del Ejecutivo colombiano. Aunque el informe no proporciona nombres ni detalles específicos, el tema se suma a la lista de preocupaciones planteadas por los legisladores republicanos. Hasta ahora, la Presidencia de Colombia no ha emitido comentarios oficiales en respuesta a estas acusaciones.

No obstante, el ministro Armando Benedetti se pronunció sobre los señalamientos, restando crédito a los cuestionamientos de Estados Unidos y recordando, según declaraciones recogidas por El Colombiano, que problemas como la crisis del fentanilo y los altos niveles de consumo de drogas también afectan gravemente al país norteamericano.

En diálogo con Infobae Colombia, el economista y analista Michael Ortegón Salazar, de la Universidad Católica de Colombia, fue claro en que la implementación del Acuerdo con las Farc será el rubro más afectado:

“Estos recursos, que en los últimos años alcanzaban aproximadamente 440 millones de dólares anuales y sostenían más de 80 programas, han sido fundamentales para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Su retiro fuerza el cierre de proyectos de reintegración de excombatientes, así como de iniciativas de empoderamiento para comunidades indígenas, afrocolombianas y jóvenes”.

Asimismo, dijo que municipios y zonas priorizadas en este contexto sufrirán repercusiones que afecten la estabilidad de los ciudadanos frente a situaciones límite relacionadas con la violencia:

“La de estos desaparición programas deja a estas poblaciones expuestas a condiciones desfavorables, por ejemplo, reclutamiento por bandas criminales, aumento del riesgo de violencia e inestabilidad de regiones vulnerables, donde también podrían incrementarse tanto la producción de coca como los índices de homicidio”.

El impacto del recorte para Colombia podría sentirse en distintos frentes. Camilo González, politólogo e internacionalista consultado por El Colombiano, explicó que los recursos de cooperación sirven de complemento para la acción estatal, especialmente en un contexto fiscal restringido como el que vive actualmente el país. Según el experto, la reducción podría traducirse en menores recursos para enfrentar problemas estructurales como la producción y exportación de drogas ilícitas, entre otros retos de seguridad.

Además de Colombia, el Comité reafirmó su propósito de contrarrestar la influencia de otros actores que considera “maliciosos” en la región, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y expresó preocupación por la erosión de la cooperación bilateral en temas de seguridad.