
El personero de Ocaña (Norte de Santander), Jorge Armando Bohórquez, presentó una tutela en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, del presidente Gustavo Petro y de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por señalamientos en su contra relacionados con su presunta colaboración con grupos insurgentes.
La acción de tutela fue admitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y aunque la aceptación supone un avance en el amparo de los derechos que exige el servidor público, los riesgos de afectaciones a su integridad y su vida se incrementaron.
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De acuerdo con declaraciones que dio en entrevista con Blu Radio, empezó a recibir amenazas de personas desconocidas que auguran su muerte. Según detalló, ha recibido mensajes en los que se afirma que debería ser víctima de un atentado como el que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025.
“Es inconcebible esta situación. Esto me ha traído problemas. Encuentro comentarios de perfiles que me dicen que hay que meterme dos tiros en la cabeza, como se lo hicieron al senador Miguel Uribe en Bogotá (…). Otro comentario decía que yo iba a ser el presidente del barrio de los acostados”, detalló el funcionario al medio de comunicación citado.

El funcionario afirmó que si es víctima de cualquier ataque, o que si su familia se ve envuelta en situaciones de riesgo, el Gobierno Petro sería culpable, por hacer señalamientos en su contra sin presentar ninguna prueba como sustento. Además, insistió en que está buscando demostrar que no está vinculado a ninguna organización al margen de la ley.
“Hago responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación a mí y mis seres queridos, es una situación bastante compleja, pero estamos articulando desde la Defensoría del Pueblo en acompañamiento con la Procuraduría General de la Nación para que se esclarezca que jamás he pertenecido a grupo armado y he sido neutral ante cualquier situación registrada en la región”, afirmó el funcionario, citado por el local La Opinión.
El origen del conflicto
Todo empezó en abril de 2025, cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó al personero de Ocaña por no dar crédito a la conmoción interior decretada por el Gobierno nacional en el departamento de Norte de Santander y otros municipios por la escalada del conflicto armado y la crisis humanitaria.
Según expuso el jefe de la cartera en su momento, el hecho de poner en duda los resultados positivos de la medida implementada por la administración dejaría en evidencia supuestos nexos del servidor público con actores armados.
“Señor personero de Ocaña negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras fuerzas militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país”, escribió Benedetti.

Bohórquez respondió a las acusaciones del ministro, asegurando que su trabajo siempre ha estado centrado en la protección de los derechos humanos. Además, advirtió que ese tipo de señalamientos ponen en riesgo su vida, teniendo en cuenta que reside en la región del Catatumbo, donde operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
“Presidente @petrogustavo Ud fue personero, el @MinInterior debe protegernos y no estigmatizarnos ni señalarnos la @UNPColombia debe tomar atenta nota de este grave señalamiento @ONUHumanRights”, añadió.

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación advirtieron sobre la gravedad de las acusaciones expuestas por el ministro del Interior. Aclararon que las palabras tienen un impacto real en la seguridad de quienes las reciben, sobre todo, en un territorio como el Catatumbo, donde las guerrillas ejercen control.
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