Enrique Gómez, líder del Movimiento de Salvación Nacional, se sumó al debate público sobre la transparencia de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
“La Canciller Rosa Villavicencio no puede seguir estas negociaciones de espaldas al país. ¿Qué ocultan? ¿La cesión del territorio? Todo esto puede configurarse como una traición a la patria”, afirmó el político.
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La inquietud de Gómez, expresada en una declaración reciente, se centra en la presunta existencia de un memorando de entendimiento firmado entre ambos países, cuya naturaleza y alcances permanecen sin esclarecer ante la opinión pública.
El partido de oposición ha solicitado formalmente a la Cancillería colombiana la entrega de dicho documento, invocando el derecho de acceso a la información oficial que consagra la Ley Estatutaria 1909 de 2018.
La controversia se intensificó tras las declaraciones de autoridades venezolanas, que han asegurado públicamente que existe un acuerdo de entendimiento con el gobierno de Colombia para la creación o reactivación de una zona binacional en la frontera colombo-venezolana.
Según el comunicado oficial remitido por Juan David Uribe Velásquez, representante legal del Movimiento de Salvación Nacional, estas afirmaciones han generado “incertidumbre y expectativa en sectores ciudadanos, sociales y políticos colombianos”, dada la magnitud de los temas involucrados: soberanía, comercio, seguridad, integración, movilidad migratoria y cooperación binacional.
El documento, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores y sustentado en el Estatuto de Oposición, exige que la Cancillería, encabezada por Álvaro Leyva Durán, entregue el memorando de entendimiento en un plazo no mayor a cinco días, conforme lo estipula el artículo 16 de la Ley 1909 de 2018.
Este artículo establece que “las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a que se les facilite con celeridad, la información y documentación oficial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud”. El comunicado subraya que este derecho se ejerce sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 258 de la Ley 5.
La falta de información oficial por parte del Estado colombiano sobre la existencia, estado o contenido del acuerdo ha alimentado la preocupación de la oposición.
El Movimiento de Salvación Nacional advierte que la ausencia de claridad sobre las gestiones adelantadas en torno a la supuesta zona binacional podría tener consecuencias profundas para el país.
En palabras de Enrique Gómez, “la Canciller no puede seguir estas negociaciones de espaldas al país”. El trasfondo de esta solicitud se remonta a los últimos meses, cuando funcionarios venezolanos comenzaron a referirse públicamente a la firma de un acuerdo con Colombia.
La reacción de la oposición colombiana, canalizada a través de mecanismos legales, busca forzar la transparencia y el acceso a documentos que, según su interpretación, podrían comprometer la integridad territorial y los intereses nacionales. La petición formal enviada a la Cancillería exige respuestas concretas y documentadas, en un plazo perentorio, sobre un asunto que ha escalado en la agenda política y mediática.
El Movimiento de Salvación Nacional, en su calidad de partido declarado en oposición, fundamenta su exigencia en el marco legal vigente, recordando que el acceso a la información oficial es un derecho protegido y que la omisión de este deber por parte del gobierno podría interpretarse como una vulneración a los principios democráticos.
De igual forma, esta no es la primera reacción de Gómez ante esto. el 23 de julio de 2025, en sus redes sociales, también sostuvo que "Esto es sumamente grave. Uno no hace una zona binacional con un cartel del narcotráfico. Los pactos de la Picota se materializan, los diálogos con los Elenos avanzan y Colombia está a punto de consolidarse como un narco estado. ¿El objetivo de @petrogustavo?”.
La solicitud, firmada por Juan David Uribe Velásquez, recalca la urgencia de obtener claridad sobre el memorando de entendimiento y las eventuales implicaciones para la soberanía y la seguridad de Colombia.
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