El país despertó con la noticia de que el Congreso estadounidense evalúa una reducción del 50% en la asistencia no militar destinada a Colombia, en medio de fuertes tensiones de Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro por el nivel de insatisfacción con la administración con el mandatario.
De hecho, con la noticia, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también entregó un listado de razones que considerarán los parlamentarios antes de tomar una decisión: el deterioro de la seguridad interna de Colombia, el supuesto uso ineficaz de los recursos enviados desde Washington por parte del Gobierno Petro y el incremento de episodios de violencia política.
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En el informe publicado por el Congreso norteamericano, el comité expresó que “la administración Petro no ha utilizado eficazmente la asistencia de Estados Unidos para promover las metas y objetivos comunes”, lo que motiva el recorte propuesto del 50 % respecto al año fiscal 2025 para la asistencia no militar.
La decisión, aunque por ahora solo es una propuesta y debe pasar por una serie de votaciones legislativas, representa una de las advertencias bilaterales más severas en los últimos años.
El informe señala la preocupación de los congresistas estadounidenses ante la supuesta “desestabilización en Colombia”, con el resurgimiento de actores armados y grupos criminales en antiguas zonas controladas y el incremento de conflictos violentos en diversas regiones.
El documento destaca el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado en junio en el occidente de Bogotá, como ejemplo de la creciente inestabilidad política concerniente al país.
El comité indicó sentirse “alarmado” por este tipo de hechos, que enmarcan el actual clima de volatilidad política y social.
Entre los apartados que generaron mayor controversia se encuentra la mención de presuntos casos de abuso de drogas, incluso, dentro de los más altos niveles del Ejecutivo colombiano.
Aunque el informe no señala responsables específicos, esta anotación contribuye a alimentar la desconfianza de los legisladores de Washington hacia la gestión de Gustavo Petro.
Incluso, el Comité ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, consultar con los Comités de Asignaciones en un plazo máximo de noventa días desde la promulgación de esa Ley sobre posibles programas para reducir la demanda de estupefacientes en Colombia.
El Comité de Asignaciones también dedicó un segmento a la relación bilateral en materia judicial, específicamente a raíz del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El informe manifestó su inquietud ante presuntas “violaciones al debido proceso” en el caso, entre ellas, vigilancia no autorizada, denegación de derechos de defensa y potenciales conflictos de interés.
El documento advierte que estas circunstancias “plantean serias preocupaciones sobre la independencia judicial y el Estado de derecho en Colombia”, y destaca la importancia de salvaguardar los valores fundamentales de la democracia en la región.
La ayuda estadounidense a Colombia actualmente ronda los 208 millones de dólares: 103 millones se reservan para la aplicación de la ley y el control internacional de drogas, 67 millones para programas de seguridad nacional y 38 millones para el financiamiento militar extranjero.
De aprobarse la reducción propuesta, la asistencia no militar se ubicaría en sus niveles más bajos de las últimas dos décadas, aunque el Congreso podría ajustar el monto final entre 250 y 280 millones de dólares, dependiendo del desenlace del proceso legislativo.
El comité presidido por el congresista republicano Mario Díaz-Balart consideró que el Gobierno Petro no ha cumplido los compromisos bilaterales en materia de seguridad y lucha antidrogas, lo que ha generado una “pérdida de confianza” en sectores clave del Congreso estadounidense.
Díaz-Balart ya había impulsado propuestas similares en el pasado, aunque en esos casos los presupuestos finales aprobados por el Congreso fueron mayores a las reducciones sugeridas inicialmente.
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