En Barranquilla, la seguridad se enfrenta a una paradoja inquietante, mientras la Policía logra capturar a miles de personas vinculadas a delitos graves, una porción alarmante de esos detenidos vuelve a las calles en cuestión de días. Las últimas cifras de las autoridades fueron contundentes, ocho de cada diez capturados recuperan su libertad, aun cuando arrastran prontuarios extensos por extorsión, sicariato, hurto o tráfico de estupefacientes.
Esa desconexión entre el esfuerzo policial y las decisiones judiciales encendió las alarmas en los estamentos de seguridad y en la ciudadanía. En lo que va de 2025, la Policía Metropolitana realizó 4.588 capturas en la ciudad y su área metropolitana. Sin embargo, más de 3.500 de esos detenidos ya están libres. La mayoría ni siquiera llega a completar una semana privada de la libertad.
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Uno de los casos que generó mayor controversia es el de alias 27, señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura criminal Los Costeños, implicada en múltiples delitos de alto impacto. Capturado en marzo, el hombre fue enviado inicialmente a prisión. Pero en las últimas semanas recibió el beneficio de detención domiciliaria. “Es inaceptable. Este hombre no solo lidera una banda que ha sembrado terror, sino que ahora queda con libertad parcial mientras las víctimas siguen amenazadas”, expresó un investigador cercano al caso a El Tiempo.
A este panorama se suman casos como el de alias El Pato, detenido hace apenas unos días. El sujeto tiene seis anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y extorsión; sin embargo, estaba libre y activo en las filas del grupo delictivo Papalópez. “Estamos retrocediendo”, lamentó una fuente del gremio judicial al medio antes mencionado. “Mientras las autoridades hacen su trabajo, hay vacíos legales y decisiones que devuelven a los delincuentes a las calles, más fortalecidos y con mayor conocimiento de los procesos”.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue enfático al señalar que la justicia no puede seguir funcionando en solitario. “La Policía hace su parte. Ahí están los CAI, las motos, los carros, los radios. Pero solos no pueden. Necesitamos que los jueces y fiscales acompañen este esfuerzo. No dejemos que el país se nos vaya de las manos. Todavía estamos a tiempo”, explicó.
Desde la administración distrital destinaron más de 150.000 millones de pesos en los últimos dos años para robustecer la seguridad. La inversión incluyó la adquisición de nuevas patrullas, motocicletas, cámaras de vigilancia, CAI móviles y tecnología para el monitoreo de delitos. Sin embargo, todo ese despliegue pierde efectividad cuando el sistema judicial no actúa con la misma contundencia.
Las autoridades judiciales, por su parte, argumentan que las decisiones están regidas por el marco legal vigente, y que las garantías procesales deben aplicarse sin excepción. Sin embargo, esa interpretación, en el contexto de reincidencias sistemáticas y redes criminales organizadas, parece insuficiente para responder a la complejidad de los problemas de seguridad urbana que enfrenta la ciudad.
Mientras tanto, la sensación de impunidad se instala en el día a día de barrios como Rebolo, La Luz o Las Gardenias, donde bandas criminales siguen operando pese a los esfuerzos institucionales. La comunidad clama por una justicia que no se limite a observar el procedimiento, sino que actúe con el mismo rigor con el que se espera que actúen las fuerzas del orden.
La ciudadanía no solo exige resultados, sino coherencia entre capturas, judicialización y sanción efectiva. La falta de articulación entre instituciones alimenta el ciclo de violencia. En la calle, el mensaje es desalentador, quienes delinquen reinciden sin mayores consecuencias, y quienes denuncian terminan desprotegidos.
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