Así funcionará la nueva licencia ambiental solar en Colombia: reducirá en un 70% el tiempo de trámite de proyectos

El Gobierno presentó para consulta ciudadana el proyecto de decreto que crea la Licencia Ambiental Solar (LASolar), un nuevo esquema de licenciamiento diseñado para proyectos de generación de energía solar.

La iniciativa, elaborada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, busca acelerar los procesos de autorización ambiental, fortalecer la transición energética justa y fomentar la participación de comunidades locales.

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“La justicia ambiental es un compromiso con la vida, con los territorios y con las generaciones futuras. Con la LASolar, avanzamos hacia un licenciamiento ambiental estratégico, racional y participativo, alineado con la Transición Energética Justa”, destacó Irene Vélez Torres, directora de la ANLA.

El proyecto de decreto adiciona un capítulo al Decreto 1076 de 2015, marco reglamentario del sector ambiente en Colombia. Su creación responde a los compromisos adquiridos por el país en materia de cambio climático, incluyendo la meta de reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, conforme a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y los acuerdos del Acuerdo de París.

La norma establece que la LASolar se aplicará únicamente a proyectos solares de mediana escala (entre 10 y 100 MW) que cumplan criterios ambientales específicos, como ubicación en áreas compatibles con el uso del suelo según el sistema Corine Land Cover y respeto por rondas hídricas y áreas boscosas, limitando el impacto ambiental de las instalaciones.

El texto también reconoce el carácter de utilidad pública y beneficio social de las energías renovables, lo que les otorga prioridad en procesos de ordenamiento territorial y fomenta su integración en zonas estratégicas para diversificar la matriz energética del país.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la simplificación de los trámites. El proceso establece plazos definidos para cada etapa: cinco días hábiles para verificar la documentación inicial y emitir el auto de inicio, diez días hábiles para requerir información adicional y hasta treinta días hábiles para que el solicitante responda. Una vez recibida la información complementaria, la ANLA dispondrá de otros diez días hábiles para decidir sobre la viabilidad del proyecto.

Según la memoria justificativa, este esquema permitirá reducir en un 70% el tiempo que actualmente toman los trámites de licenciamiento ambiental. Además, se racionalizan los estudios requeridos: ya no será necesario realizar caracterizaciones en dos temporadas climáticas distintas, sino que bastará con modelaciones basadas en datos históricos.

La autoridad ambiental, mediante su Centro de Monitoreo, proporcionará a los desarrolladores información técnica sobre geología, clima y uso del suelo, facilitando la preparación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Este apoyo busca optimizar la calidad de los estudios y reducir costos para los promotores de proyectos.

El proyecto introduce la obligación de incorporar acuerdos sociales con comunidades locales y mecanismos de gobernanza en las zonas donde se desarrollen las plantas solares. Estos acuerdos buscan promover el desarrollo económico y social de las regiones, incluyendo la creación de comunidades energéticas y proyectos productivos asociados.

Durante la fase de seguimiento, la ANLA incentivará la participación ciudadana y la articulación interinstitucional para garantizar transparencia y fortalecer el control social sobre los proyectos. Asimismo, en casos donde se requiera consulta previa con comunidades étnicas, los acuerdos deberán construirse de manera concertada con dichas comunidades y autoridades territoriales.

En ese sentido, una vez adoptado el decreto, representará un cambio estructural en el manejo de proyectos solares, permitiendo que iniciativas de mediana escala se desarrollen con mayor rapidez, pero bajo estándares ambientales rigurosos y con la participación activa de las comunidades.