La Corte Suprema de Justicia reconoció la condición de víctimas al actual jefe de Estado, Gustavo Petro, y al periodista Daniel Coronell en el juicio que avanza contra Andrés Peñate, que lideró el extinto DAS entre noviembre de 2005 y agosto de 2007.
La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia surgió en medio del proceso por las llamadas “chuzadas”, una red de interceptaciones realizadas entre 2005 y 2007 a figuras opositoras y miembros de la justicia colombiana.
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Al respecto, Andrés Peñate emitió un comunicado a la opinión pública para confirmar que se apersonará de su defensa, y para afirmar que los hechos que le endilgan “no le corresponden”.
“Frente a la decisión de la Fiscalía de llamarme a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos durante mi gestión (noviembre 2005 – agosto 2007) como director del extinto DAS, reitero enfáticamente que jamás ordené, autoricé ni toleré el uso de la entidad para perseguir a opositores, críticos del gobierno o miembros de otras ramas del poder público. Las actuaciones que acontecieron en las administraciones anterior y posterior a mi gestión no me corresponden".
Agregó en su comunicado que “por el contrario, una de las principales prioridades de la entidad durante mi gestión fue adelantar todas las acciones necesarias para que la oposición pudiera ejercer con total libertad y seguridad sus derechos políticos”, dijo.
Incluso, comentó que se puede defender con “el hecho de que durante mi gestión no hubiera ocurrido ni un solo atentado contra un líder de la oposición, así lo demuestra. Tampoco recibí, emití ni toleré instrucciones dirigidas a presionar o acosar a miembros de otras ramas del poder público, ni a interferir en el cumplimiento de sus funciones constitucionales“, especificó.
En sus declaraciones durante la audiencia., dijo, además, que “me apersonaré de mi defensa, respetaré el debido proceso, ratificaré con claridad mi conducta ejemplar en el ejercicio del cargo y ejerceré en estricto derecho mi defensa ante la Corte Suprema de Justicia”.
También argumentó que durante su gestión en la entidad existieron “una ética institucional intachable y una gestión ceñida a la ley”.
Afirmó que no avaló “prácticas ilícitas contra opositores, periodistas, ONG, defensores de derechos humanos, ni otros funcionarios del Estado o miembros de la sociedad civil”.
Las víctimas de las “chuzadas”
A su vez, junto a Petro y Coronell, el Alto Tribunal extendió el mismo reconocimiento al partido Polo Democrático, a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia—Luis Javier Osorio, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio, Jorge Luis Quintero Miranés, Javier de Jesús Zapata Ortiz y Alfredo Gómez Quintero—y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
El abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza, argumentó que el DAS convirtió a Gustavo Petro, entonces senador, en “enemigo interno”, y añadió que “el daño que sufrió el senador Gustavo Petro frente a las presuntas conductas consistió en afectar su libertad y su ejercicio democrático”.
Carranza enfatizó además que “el hecho de que el estado hubiese utilizado sus elementos para afectarlo en sus derechos de intimidad y la acción política constituyó un perjuicio y un daño moral”.
Sostuvo que el caso Petro ilustra la persecución ejercida a través del aparato estatal al afirmar que el mandatario “es un claro ejemplo de lo que significa esa persecución”.
El proceso penal se concentra en las acciones de altos funcionarios del DAS contra opositores, integrantes de las cortes, periodistas y organizaciones sociales, durante un periodo de fuerte polarización política en el país. Andrés Peñate enfrenta el juicio por su presunta participación y omisión ante estas conductas.
En su comunicado, Peñate afirmó que “la decisión de la actual Fiscal General de llevar el caso a juicio ante la Corte Suprema de Justicia representa una oportunidad para esclarecer de manera definitiva la verdad de los hechos”.
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