Retrasos en troncales amenazan la operación de la Primera Línea del Metro: así lo reveló informe trimestral de Bogotá Cómo Vamos

Durante el transcurso del lunes 21 de julio de 2025 se hizo entrega del segundo boletín trimestral de Bogotá Cómo Vamos, en el que se reveló los retrasos acumulados en los proyectos de movilidad que se están adelantando en la ciudad, sobre todos aquellos que compete a la Primera Línea del Metro (PLMB).

El boletín detalla que, pese a los desafíos técnicos y políticos, la construcción de la PLMB avanza conforme al cronograma. Si se mantiene el ritmo actual, la ciudad podría contar con su primera línea de metro operativa el 15 de marzo de 2028, tal como se planeó desde el inicio. Además, ya se adelantan estudios para extender la línea hasta la calle 100 y se encuentra en proceso de licitación la segunda línea, que conectará Suba con la calle 72.

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Sin embargo, el éxito del metro depende de una red de infraestructura complementaria que permita conectar eficientemente a los habitantes de zonas alejadas con el sistema principal. Las troncales alimentadoras —avenida 68, avenida Ciudad de Cali y carrera Séptima— resultan esenciales para garantizar el acceso y la conectividad de toda la ciudad con oportunidades laborales, educativas y de salud.

El informe subraya que la integración solo será posible si estas troncales están terminadas antes de la inauguración del metro, pero los obstáculos en su ejecución han reducido drásticamente los márgenes de tiempo para lograrlo.

A diferencia de la PLMB, que se construye bajo un único contrato de concesión, las troncales alimentadoras se ejecutan en grupos a cargo de diferentes contratistas. Esta fragmentación generó avances desiguales y retrasos significativos.

En el caso de la avenida 68, un corredor de 17 kilómetros dividido en nueve grupos, el Grupo 5 (calle 26) supera el 96% de avance, mientras que el Grupo 6 (borde del parque Simón Bolívar) fue sancionado por incumplimientos y es el más atrasado.

El inicio de las obras se remonta a febrero de 2021, con una finalización original prevista para febrero de 2026, pero la fecha estimada de entrega del último grupo se ha desplazado hasta agosto de 2027, acumulando un retraso de 18 meses. De acuerdo con el informe, los retrasos han impactado la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de los residentes y transeúntes del corredor, lo que hace imprescindible que los nuevos cronogramas se cumplan para que la troncal entre en operación antes que el Metro.

La situación es aún más crítica en la avenida Ciudad de Cali. Aunque se trata de una troncal más corta —7 kilómetros—, los retrasos son mayores. Las obras comenzaron entre septiembre de 2021 y 2022, con una finalización original en octubre de 2023.

La entrega del último grupo se proyecta para diciembre de 2026, lo que representa un retraso acumulado de 38 meses. Mientras los Grupos 1, 3 y 4 avanzan o están casi terminados, el contratista del Grupo 2 incurrió en incumplimientos reiterados, lo que llevó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a declarar la caducidad del contrato.

A partir de eso se requiere una nueva licitación para adjudicar el tramo pendiente. Esta troncal conectará zonas densamente pobladas como Bosa y Ciudad Verde (Soacha) con el Metro, y aún existe la posibilidad de que el corredor esté operativo antes de 2028, pero solo si se actúa con rapidez.

En cuanto al panorama de la carrera Séptima, esta es aún más incierta. El avance actual de las obras es 0%, y la fecha estimada de finalización se ha fijado para octubre de 2029. Durante la administración anterior - de Claudia López - se avanzó en el diseño del Corredor Verde y se abrieron licitaciones para sus tres tramos.

No obstante, en agosto de 2024, la administración vigente revocó las licitaciones de los Tramos 1 y 2 (entre calles 24 y 99), dejando solo adjudicado el Tramo 3 (calles 99 a 200), cuyas obras aún no han comenzado. Esto implica que la alimentadora del oriente de la ciudad llegaría, en el mejor escenario, un año y medio después de la inauguración del Metro.

Entre abril y mayo de 2025, el Concejo de Bogotá debatió el avance de las obras viales, con especial atención a la troncal de la avenida 68. Las bancadas del Partido de la U y Con Toda Por Bogotá advirtieron sobre retrasos sistemáticos que evidencian oportunidades de mejora en la planeación y gestión de la infraestructura.

El Cabildo Distrital discutió la permisividad institucional frente a los incumplimientos contractuales, señalando que, a pesar de tener cinco contratos en proceso sancionatorio, la obra recibió 12 adiciones, 167 modificaciones y 14 prórrogas. Se alertó sobre el impacto que tendría una entrega tardía de la avenida 68 en la operación del Metro, ya que varios aumentos contractuales se concentran en tramos que la conectan directamente.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los concejales, destaca la ausencia de un catastro actualizado de usuarios y redes, lo que genera retrasos por conflictos con redes subterráneas. También se identifican riesgos mayores en la segunda línea del Metro, que será subterránea.

Ante dicho panorama, la administración reconoció demoras en la adquisición de predios en la avenida 68 —60 no estaban listos al inicio y aún faltan entre 9 y 10—, así como falta de coordinación institucional y demoras en permisos.

Para enfrentar dichos problemas, se creó un grupo exclusivo de trabajo entre entidades y contratistas, se anunció la aceleración de pagos mediante la subdivisión de hitos contractuales y la creación de una comisión intersectorial por decreto, y se reconoció la necesidad de una reforma en la gobernanza del IDU. Sobre el total de obras en la ciudad, se reportaron 33 multas, 6 caducidades, 76 siniestros y más de 40 procesos sancionatorios en curso por $187 mil millones.

El boletín de Bogotá Cómo Vamos igualmente recogió las preocupaciones, críticas y elogios por parte de la ciudadanía. El 15 de mayo de 2025, el Concejo Distrital sesionó en la localidad de Kennedy para escuchar a los habitantes de las zonas impactadas por la obra del Metro. De los 44 ciudadanos que participaron, la mayoría valoró positivamente el proyecto, pero expresó inquietudes por afectaciones en su entorno.

Entre las principales preocupaciones figuran problemas de movilidad en la avenida Primero de Mayo —calles oscuras, acumulación de residuos, suspensión de rutas Sitp y dependencia de bicitaxis—, impactos económicos en el comercio, especialmente en el sector mobiliario que agrupa a más de 1.000 familias.

Asimismo, temor a la transformación urbana y pérdida del tejido social en barrios tradicionales, así como problemas ambientales y de servicios públicos, como inundaciones, aguas residuales, contaminación y falta de claridad sobre la continuidad de los servicios.

La administración respondió reconociendo daños estructurales en viviendas y se comprometió a repararlos con base en actas de vecindad. Anunció mejoras en el espacio público entre las estaciones 4 y 5 —andenes, vías, redes eléctricas—, aclaró que no habrá desalojos forzados y que los procesos se realizarán mediante acuerdos voluntarios, y prometió compensar más de 5.000 árboles y renovar 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público con revegetación.