La Procuraduría General de la Nación emitió este lunes 21 de julio una advertencia sobre posibles fallas inminentes en el suministro de pasaportes, tras el anuncio de un nuevo convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
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Según el organismo de control, existen serias incertidumbres que podrían afectar la continuidad del servicio a partir de septiembre.
El ente señaló que no ha recibido acceso a los documentos técnicos y contractuales relacionados con dicho acuerdo.
“No se conocen los estudios previos técnicos de dicho convenio, así como tampoco los demás documentos precontractuales, tal y como lo dicta la ley de contratación estatal. Contrario a lo anterior, se conocen unos estudios previos elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con el aliado público internacional”, indicó la Procuraduría.
Esta situación ocurre mientras continúan las dificultades logísticas y de atención en las sedes donde se tramita el documento, en las que se estarían gestionando alrededor de 13.000 libretas diarias. Las quejas ciudadanas por la falta de citas y los retrasos en la entrega han sido recurrentes en las últimas semanas.
El convenio con la Imprenta Nacional, anunciado por el Gobierno como solución a la necesidad de garantizar la producción de pasaportes, ha generado inquietudes entre los órganos de control. De acuerdo con lo expresado por la Procuraduría, hay preocupación por el bajo número de libretas restantes bajo el actual contrato vigente, así como por la falta de información clara sobre el futuro del servicio.
“Restan menos de doscientas noventa mil (290.000) libretas por entregar en el marco del contrato actual, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de 2025. Esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, considerando que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025”, señaló el organismo.
Además, la entidad advirtió sobre la falta de precisión en cuanto al papel que desempeñará Thomas Greg & Sons, actual contratista. No hay evidencia de que se le haya solicitado continuar mediante mecanismos excepcionales, pese a que la ley prevé la figura de urgencia manifiesta en casos de interés general.
También se cuestionó el procedimiento a través del cual fue suscrito el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. La firma del acuerdo, según lo reportado, fue realizada por la secretaria general encargada, lo cual fue objeto de observación por parte del Ministerio Público.
“Sumado a esto, se desconocen las razones y el acto administrativo por el cual se suscribe el convenio por la secretaria general (en encargo) y no por la ministra de Relaciones Exteriores”, detalló la Procuraduría.
A esta situación se suman investigaciones en curso contra altos funcionarios del Gobierno. La entidad de control disciplinario está adelantando indagaciones relacionadas con posibles extralimitaciones de funciones por parte de los exministros Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como del jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade. Estas pesquisas están relacionadas con decisiones adoptadas en torno a la contratación del servicio de pasaportes.
Adicionalmente, el organismo recordó antecedentes de la Imprenta Nacional en procesos contractuales que también han generado cuestionamientos. “Sobre la Imprenta Nacional ya pesan investigaciones por posibles irregularidades en la contratación para la fabricación de las cédulas de extranjería, situación en la cual también se acudió a un tercero internacional, gracias al régimen contractual de la Imprenta Nacional de Colombia”, advirtió el ente.
Este panorama genera incertidumbre sobre la capacidad institucional para garantizar la emisión ininterrumpida del documento a partir de septiembre. Mientras se tramita la transición entre contratistas, y sin una estrategia clara de contingencia, el riesgo de interrupción en el servicio de expedición de pasaportes continúa latente.
La alerta de la Procuraduría se da en un momento en que el país experimenta alta demanda de este documento, debido tanto a la temporada vacacional como a la concentración de solicitudes por parte de ciudadanos que temen quedarse sin libreta. Los puntos de atención en Bogotá y otras ciudades han presentado congestiones y fallas en el agendamiento de citas.
Por ahora, la Cancillería no ha emitido una respuesta pública sobre los cuestionamientos expresados por la Procuraduría ni ha divulgado oficialmente los documentos técnicos y contractuales requeridos. El futuro del servicio dependerá de las decisiones que se adopten en las próximas semanas, tanto en el ámbito administrativo como en el plano contractual.
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