
En la mañana del martes 22 de julio el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el juicio a Álvaro Uribe Vélez, asegurando que, tal como lo ha hecho hasta ahora en su función presidencial, no opinará sobre el caso, pues considera que tal conducta podría representar alguna presión para el juez del caso, además de ser un irrespeto para el togado y para el propio acusado.
Dijo también que ha notado presiones ejercidas desde diferentes orillas, que ponen contra las cuerdas a la juez.
“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y a la juez de su caso y a la justicia en general. Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado”, escribió en su cuenta de X.
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Dijo que el deber del jefe del Ejecutivo es respetar y hacer respetar la decisión tomada por el juez en este y otros casos:
“Quien ejerza el oficio de juez, hombre o mujer, tiene el deber y el derecho de actuar con total imparcialidad, independencia y objetividad.Mi deber es proteger esa decisión, cualquiera que sea y a la persona que la profiera”.
Gustavo Bolívar, exdirector del DPS en la administración Petro, publicó, pocos minutos después de Petro, un post en la misma dirección, enfatizando que desde la orilla de opositores de Uribe también se está presionando a la juez. Pidió confiar en la justicia y respetar el veredicto.
“Qué patética es la derecha presionando a la jueza para que no condene a Álvaro Uribe. ¿Por qué no la dejan tranquila tomando la decisión que en derecho tiene que tomar? Aplica para la gente de este lado que pide condenarlo. Dejen actuar a la justicia y confiemos en ella. Sea cual sea el fallo, desde esta orilla se respetará“. escribió el aspirante presidencial.
Cuándo se conocerá el veredicto del caso Uribe Vélez
El Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá estableció como fecha para dar a conocer el fallo en el proceso penal que se sigue contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez el próximo 28 de julio de 2025. Así lo informó la juez Sandra Heredia, que está a cargo de definir si el líder del partido Centro Democrático enfrentará una condena o será absuelto de los cargos que se le imputan.
El caso, que ha captado la atención nacional e internacional, se desarrolla por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, hechos que se remontan a actuaciones judiciales e investigativas iniciadas hace varios años. En este contexto, el exmandatario enfrenta señalamientos relacionados con la supuesta manipulación de versiones de exparamilitares mediante cartas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia.

El pasado 8 de julio se llevó a cabo la segunda jornada de alegatos finales por parte de la defensa de Uribe Vélez. Durante esta diligencia, el exjefe de Estado intervino para referirse al material probatorio que la Fiscalía General de la Nación incorporó al expediente. En su exposición, defendió la legalidad de los documentos aportados por su exabogado Diego Cadena, enfatizando que dichos escritos —según explicó— fueron redactados a mano por los exparamilitares involucrados debido a limitaciones personales de caligrafía y ortografía, y que no contenían instrucciones para alterar la verdad.
El exmandatario reiteró ante el despacho judicial que nunca promovió versiones falsas ni presionó a testigos para modificar declaraciones, y sostuvo que las comunicaciones con los reclusos se entregaron en su forma original a la Corte Suprema. Igualmente, aseguró haber actuado respetando la autonomía de su defensa jurídica y pidió a la jueza emitir un fallo absolutorio por falta de pruebas que sustenten los señalamientos en su contra.
La audiencia hace parte de la fase final del proceso, que se reanudó luego de varias etapas de indagación y audiencias preparatorias. De acuerdo con lo establecido por la jueza Heredia, la lectura del fallo tendrá lugar a finales de este mes y, de encontrarse responsabilidad penal, el exmandatario podría enfrentar una condena que oscila entre seis y doce años de prisión.
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