Montealegre a Santos y Corte Suprema: “La historia lo va a castigar” si se opone a ley de sometimiento

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció sobre las recientes críticas dirigidas al proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno, en el marco de la política de “paz total”.

En declaraciones emitidas el 21 de julio, Montealegre respondió tanto al expresidente Juan Manuel Santos como a la Corte Suprema de Justicia, quienes manifestaron reservas frente a la iniciativa.

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Uno de los puntos centrales de su intervención fue la reacción a los comentarios del exmandatario Santos, quien instó al Congreso a rechazar el articulado del proyecto.

Montealegre defendió la propuesta señalando que las condiciones actuales del conflicto armado en Colombia obligan a continuar con la búsqueda de alternativas que permitan la desmovilización de actores armados aún activos.

El jefe de la cartera de Justicia enfatizó que, pese a que Santos logró avances significativos con la firma del Acuerdo Final con las Farc, los problemas de violencia persisten y requieren nuevas estrategias. En este sentido, manifestó:

“Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Es absolutamente inconstitucional hacer interpretaciones que digan que cuando se hizo el acuerdo de La Habana se botó la llave de la paz para siempre al mar porque ya hacia futuro no podemos seguir haciendo justicia transicional”.

Durante su declaración, Montealegre también se refirió directamente a las implicaciones políticas y éticas de la postura del expresidente Santos frente a la nueva propuesta del Gobierno. “Si Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, aseguró.

El proyecto de sometimiento ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversas instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia. Esta corporación emitió recientemente un concepto negativo respecto a la iniciativa, argumentando falta de discusión sustancial y carencia de garantías suficientes.

Montealegre reaccionó con sorpresa ante este pronunciamiento, aludiendo a los antecedentes históricos del tema y a los múltiples foros en los que ha sido debatido.

“El proyecto recoge una experiencia que lleva 50 años de discusión, que comenzó en Núremberg, comenzó en Jerusalén, que luego continuó con la creación de la Corte Penal Internacional, los tribunales penales ad hoc, y llevamos 20 años de experiencia y discutiendo a cerca de la justicia transicional y de política de sometimiento, luego la respuesta que yo le daría a la Corte Suprema es que esta discusión empezó hace 50 años y que yo creo que ya después de 50 años de debates todos tenemos la capacidad de entender ya los elementos de investigación e imputación”, explicó el ministro.

Montealegre subrayó que el proyecto en cuestión no se construyó de forma improvisada, sino que integra conceptos desarrollados durante décadas en contextos internacionales de justicia penal y procesos de paz. Indicó que esta trayectoria demuestra que el país tiene suficiente base para avanzar en un nuevo modelo de sometimiento judicial enfocado en grupos armados que aún operan fuera de la legalidad.

Las afirmaciones del ministro se producen en un escenario político en el que persiste la controversia sobre el alcance real de la “paz total” promovida por el actual gobierno. Mientras algunos sectores sostienen que esta política amplía las posibilidades de negociación con estructuras armadas, otros advierten sobre los riesgos de que se generen beneficios judiciales sin condiciones claras.

En este contexto, Montealegre señaló que el país no puede cerrarse a explorar nuevas rutas para resolver conflictos armados que continúan afectando distintas regiones. En su concepto, continuar con esquemas de justicia transicional adecuados a las circunstancias actuales es parte de una política de Estado coherente con la historia del país y las experiencias internacionales.

Las reacciones a las palabras del ministro no se hicieron esperar en diferentes sectores políticos. Algunos congresistas indicaron que el debate apenas comienza y que será el Legislativo el que decida si la propuesta de sometimiento cumple con los principios constitucionales y de política criminal que exige la normatividad vigente.

En cuanto a la relación entre el proyecto de ley y el legado de los Acuerdos de La Habana, Montealegre insistió en que estos no deben representar un límite para futuras negociaciones, sino un referente que puede adaptarse. Recordó que su apoyo a la negociación con las Farc fue firme en su momento, pero que eso no significa que el país deba permanecer anclado a un único modelo de justicia.

Finalmente, el ministro reiteró que las puertas del diálogo con las altas cortes están abiertas y que espera que en el curso del trámite legislativo se pueda dar una discusión técnica y respetuosa sobre los alcances del proyecto. La iniciativa continuará su trámite en el Congreso mientras las distintas posturas siguen siendo objeto de discusión pública.