La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior, por el presunto uso indebido de aeronaves oficiales sin autorización ni justificación institucional.
Según la denuncia presentada por Cabal, Guerrero habría abordado el avión PNC-0242 el pasado 19 de junio y, al día siguiente, el helicóptero Bell 212 PNC-0495, ambos pertenecientes a la Policía Nacional, con destino a Aguachica, en el departamento del Cesar.
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El motivo del desplazamiento, de acuerdo con la senadora en su comunicado, fue participar en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), una actividad que, a juicio de la congresista, no obedece a necesidades del servicio público.
“La señora Guerrero no tenía ni autorización ni una misión oficial que justificara el uso de estos recursos del Estado. Lo que hay aquí es un uso arbitrario de bienes públicos para fines políticos, lo cual constituye una falta disciplinaria grave”, señaló Cabal en su denuncia.
La senadora argumenta que la utilización de los vehículos aéreos oficiales sin una orden institucional constituye una posible vulneración de principios como la legalidad, la transparencia y el respeto por el patrimonio público.
En el documento radicado ante la Procuraduría, también se hace énfasis en que ni el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ni la propia Policía Nacional reportan vínculo alguno con Guerrero que permitiera justificar el traslado aéreo con recursos del Estado.
“El traslado a Aguachica no tuvo justificación alguna desde el punto de vista institucional. No es competencia del Ministerio del Interior intervenir en el Consejo Superior de una universidad pública, y mucho menos enviar a una funcionaria en aeronaves oficiales para cumplir un rol que no le corresponde”, expresó Cabal.
De acuerdo con la congresista, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció ante medios de comunicación que Juliana Guerrero no informó con claridad el verdadero motivo del viaje y que tampoco contaba con permiso para utilizar las aeronaves de la Policía Nacional.
Esta admisión, sostiene Cabal, refuerza la necesidad de una investigación disciplinaria formal.
La denuncia se basa en los artículos establecidos en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que exige a los funcionarios públicos actuar con diligencia, probidad, transparencia y respeto por los bienes del Estado.
El uso de recursos públicos sin el cumplimiento de estas condiciones podría conllevar sanciones disciplinarias, dependiendo de la gravedad de los hechos.
“No se puede permitir que los bienes públicos sean usados como si fueran privados. Exijo que se investigue y se sancione este abuso que pone en evidencia el desgreño y el descaro de algunos funcionarios de este gobierno”, manifestó la senadora.
La controversia ha motivado la intervención de varias entidades de control. La Procuraduría General de la Nación realizó una visita a la sede del Ministerio del Interior con el objetivo de recaudar documentación y verificar un posible mal uso de recursos públicos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió públicamente la labor de Guerrero, asegurando que la funcionaria se encontraba cumpliendo una misión oficial relacionada con las estrategias de “paz total”, y que por razones de seguridad dicha tarea poseía carácter reservado.
A través de sus redes sociales, Benedetti afirmó: “Contento de que la @PGN_COL haya venido hoy al @MinInterior para aclarar. Fueron recibidos directamente por mí para que el Ministerio sea de puertas abiertas y ellos puedan encontrar la información que requieran”.
No obstante, las explicaciones del ministro no han logrado disipar las dudas de sectores políticos y de la opinión pública, que cuestionan la naturaleza de la supuesta misión oficial y la idoneidad de Juliana Guerrero para tratar asuntos de seguridad nacional, dado que no ha concluido su formación universitaria.
Este aspecto ha intensificado el debate sobre las responsabilidades asignadas en las altas esferas de la administración pública.
El proceso de revisión institucional no se ha limitado a la Procuraduría. La Contraloría General de la República también ha solicitado información para determinar si la utilización de los helicópteros supuso una afectación al erario.
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