Congresista vinculado al escándalo de la Ungrd fue elegido como nuevo presidente de la Comisión Primera, una de las más importantes del Senado

En la mañana del martes 22 de julio de 2025, el senador del Partido de la U Julio Elías Chagüí fue elegido nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado.

Con 16 votos a favor y dos votos en blanco, el congresista de la colectividad independiente entrará en reemplazo de Ariel Ávila, que presidió esta corporación en el periodo 2024 - 2025.

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Esta comisión es una de las más importantes en el Congreso, ya que encargada de tramitar los proyectos relacionados con modificaciones a la Constitución Política de Colombia.

Entre los retos que le deparan al nuevo presidente de la corporación, se contempla la ley de sometimiento, radicada por el Ministerio de Justicia el 20 de julio de 2025, así como otras iniciativas como la regulación del consumo recreativo de marihuana y la reglamentación de la eutanasia.

En su primera intervención como presidente de la Comisión Primera del Senado, Chagüí agradeció a sus compañeros por su respaldo en la elección, y enfatizó que brindará garantías para los partidos políticos.

“Agradezco a Dios y a la Virgen por estar acá, darme la fuerza y la claridad y la decisión para asumir este nuevo reto, el de ser presidente de una de las comisiones más importantes del Congreso. Este es un reto que asumo con humildad, pero también con responsabilidad”, afirmó.

Además del senador del partido de la U, el congresista del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavides, fue elegido como vicepresidente de la Comisión Primera del Senado, con una votación de 16 votos a favor y 9 en blanco.

Pese a su elección como presidente de una de las comisiones más importantes del Congreso, el senador Julio Elías Chagüí no ha sido exento de polémicas y escándalos.

Uno de ellos se relaciona con su posible participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el congresista del Partido de la U se habría beneficiado de un contrato para el municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba.

Según informó El Tiempo, la fiscal del caso Andrea Muñoz también ha mencionado al exministro del Interior Luis Fernando Velasco dentro de la misma trama, lo que amplía el alcance de la investigación y subraya la magnitud del caso.

“El 4 de diciembre de 2023, usted, señor Olmedo López (exdirector de la Ungrd) se reunió con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, quien le solicitó direccionar contratos al interior de la Unidad para favorecer al congresista Julio Elías Chagüi Flórez, por un valor aproximado de 35.000 millones de pesos. El senador le indicaría en dónde y con quién los ejecutaría”, indicó la fiscal en una audiencia judicial contra el exdirector de la entidad nacional.

Además, la fiscal mencionó que Velasco proporcionó a Olmedo López el número de celular de Chagüi Flórez, tanto de manera directa como a través de su asesor Fernando Henao, quien también lo envió por WhatsApp. Esta acción, según la acusación, formó parte de una estrategia para direccionar contratos desde la Ungrd.

De igual manera, la fiscal Muñoz señaló que el 6 de diciembre de 2023, Olmedo López se reunió con Julio Elías Chagüi Flórez en un café del hotel Tequendama de Bogotá, con el fin de “materializar la instrucción del ministro Velasco Chaves”.

Según el diario bogotano, durante la conversación, el congresista habría explicado que los contratos se tramitarían por la Ungrd, ya que en Invías no se había logrado avanzar. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la gestión del proyecto, trasladando el foco de la contratación hacia la entidad encargada de la gestión de riesgos.

El proceso irregular, según la versión de la Fiscalía, continuó con la participación de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.

En la misma fecha de la reunión, Chagüi Flórez envió a Pinilla Álvarez el contacto de Jorge González, funcionario de la alcaldía de Sahagún. Pinilla, de acuerdo con la acusación, se comunicó con González para avanzar en los trámites del proyecto, consolidando así la red de gestiones que la Fiscalía califica como parte de un plan delictivo.