Ni en el Día Mundial del Perro, el “mejor amigo del hombre” se salva de ser víctima de maltrato en Cali. Cuenta de ello el episodio registrado el lunes 21 de julio en el barrio Porvenir, en la zona noroeste de la ciudad.
Según se aprecia en la denuncia realizada por el medio CW+ en redes sociales, un perro de raza mediana fue arrastrado por una camioneta a la que estaba atado por una correa que llevaba al cuello.
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Con gran dificultad, el animal trataba de seguirle el paso y mantenerse en pie, aunque sin éxito, como se ve en las cámaras de seguirdad instaladas en el sector.
La denuncia llegó a manos del diputado del Valle, por el partido Alianza Verde, Óscar Andrés Neira Quintero que utilizó sus redes sociales para exiguir a las autoridades locales que se investigue el caso:
“Hoy, #DíaDelPerro, un acto cruel sacude Cali: una camioneta arrastró a un perro atado por el cuello en el barrio Porvenir. ¡Esto es inaceptable! Exigimos cárcel para el agresor y acción inmediata de la Alcaldía de Cali, el Dagma y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa)“.
Además, Quintero recordó que las acciones de este tipo se enfrentan a sanciones ejemplares por cuenta de la “Ley 1774/2016″, por lo que pidió: “¡Justicia para este ser indefenso!”.
¿Qué plantea la Ley Ángel con la que el Congreso reforzó la protección de animales en el país?
El registro nacional de personas condenadas por delitos contra animales figura como una de las principales novedades que trae consigo la Ley Ángel, una disposición que permitirá a la Fiscalía y la Policía Nacional identificar y monitorear a los responsables de actos de crueldad animal de manera centralizada.
Este sistema de registro forma parte de un grupo de nuevas medidas que, tras la aprobación unánime de la ley, buscan modificar de fondo la respuesta frente a las formas más graves de violencia animal, estableciendo marcos claros de prevención, sanción y rehabilitación.
La Ley Ángel endurece las penas para quienes lesionen, maten con dolo o sometan a abuso sexual a un animal, estableciendo que estos delitos tendrán sanciones que superarán los tres años de prisión, de forma que pasarán a ser no excarcelables.
Las multas aumentan considerablemente: quienes incurran en lesiones graves a animales deberán pagar entre 15 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes; la sanción subirá a un rango de 30 a 60 salarios mínimos si la conducta causa la muerte del animal.
La normativa incorpora penas accesorias diseñadas para evitar la reincidencia y limitar el contacto futuro con animales por parte de los condenados. Entre las sanciones se prohíbe tener animales hasta por el doble del tiempo de la pena principal, así como la inhabilidad para ejercer oficios o profesiones relacionados con el trato animal.
Uno de los ejes técnicos de la ley es la obligación de la Fiscalía de diseñar y difundir guías técnicas forenses para que los veterinarios de todo el país puedan emitir dictámenes periciales válidos en procesos judiciales relacionados con maltrato animal. Esta medida pretende abordar la ausencia frecuente de pruebas periciales. Lo que, a la larga, es un obstáculo en la judicialización de casos de crueldad animal en Colombia.
En cuanto a la acción policiva, se establece la posibilidad para la Policía Nacional de ingresar a domicilios privados cuando conste evidencia suficiente de que un animal enfrenta un peligro vital inminente. Esta prerrogativa le permitirá a las autoridades actuar rápida y eficazmente en situaciones de emergencia, evitando demoras burocráticas que podrían resultar fatales.
La Ley Ángel también dicta la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal, cuyo alcance será nacional y deberá estar habilitada en todos los municipios. Este mecanismo incluirá un protocolo especial para la atención de animales víctimas del conflicto armado, una innovación que reconoce el impacto directo de la violencia en la fauna dentro del contexto colombiano.
Y, finalmente, en el terreno de la prevención y educación, la norma introduce la capacitación obligatoria para fiscales, jueces, inspectores de policía y personeros en temas de protección animal, medida que busca garantizar una adecuada interpretación e implementación de la ley en todos los niveles institucionales.
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