El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó el secuestreo de dos agentes adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional en el departamento de Arauca.
El secuestro se produjo el 20 de julio de 2025, cuando los uniformados se desplazaban por la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca, una zona caracterizada por la presencia de grupos armados ilegales.
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Según informó el propio ELN a través de un comunicado divulgado en sus canales habituales, los agentes fueron interceptados por hombres armados durante una operación que el grupo calificó como “acción de control territorial”.
En el mensaje, la organización asegura tener en su poder a los policías, identificados como el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, con 17 años de servicio en la institución, y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, quien acumula más de una década en la fuerza pública.
El comunicado del grupo armado señala: “Estos agentes están bajo nuestro control sanos y salvos”.
El ELN también responsabilizó al Estado colombiano de cualquier daño que puedan sufrir los secuestrados, especialmente ante un eventual intento de rescate militar. “Responsabilizamos a la Fuerza Pública de lo que les pueda suceder en su contra en caso de cualquier intento de rescate”, se lee en el texto distribuido.
Junto con la confirmación del secuestro, el ELN informó sobre la incautación de dos pistolas calibre 9 milímetros, un computador portátil y documentos durante la intercepción.
Según el grupo insurgente, en el material encontrado había elementos alusivos a las extintas Farc y supuesta información de interés para sus estructuras. El comunicado hace mención a nexos de bandas narco-paramilitares en la región, aunque el ELN no presentó pruebas sobre este señalamiento.
Los uniformados habrían sido detenidos cuando transitaban por la vía rural, en un vehículo particular, luego de haber visitado a familiares, según versiones preliminares de la Policía. El comando de Policía de Arauca había reportado la desaparición poco después de producirse el hecho.
Las autoridades de Arauca reaccionaron al secuestro con repudio y exigencias de liberación inmediata. El coronel Iván Arnulfo Heredia Garzón, comandante encargado del Departamento de Policía en Arauca, condenó lo ocurrido.
“Este acto cobarde y violento atenta contra los derechos fundamentales, la integridad, la vida y la seguridad de nuestros policías, quienes prestan su servicio a la comunidad araucana conforme a la Constitución y la ley”, declaró el oficial en declaraciones difundidas por El Heraldo.
El secretario de Gobierno de Arauca, Nasser Cruz Matus, se sumó al rechazo institucional y solicitó respeto por la vida e integridad de los cautivos. “Debe cesar todo acto de violencia que ponga en riesgo la tranquilidad de las comunidades. Exigimos la liberación inmediata de los agentes”, sostuvo el funcionario.
La Gobernación del departamento calificó el secuestro como una violación manifiesta de los derechos humanos y de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
“Este hecho vulnera la vida, la libertad y la integridad de quienes cumplen con el deber de proteger y servir a la comunidad”, indicó la administración departamental, que también hizo un llamado a entidades como la Defensoría del Pueblo para que realicen gestiones que permitan el regreso seguro de los policías.
En la zona donde ocurrió el secuestro, la presencia de grupos armados ilegales ha provocado reiterados hechos de violencia, desplazamientos y amenazas contra la población civil. La ruta Tame-Arauca en particular ha sido considerada sensible por el movimiento frecuente de efectivos de la fuerza pública y por reiterados hechos de seguridad que han afectado a la región.
Mientras tanto, familiares de los secuestrados esperan noticias sobre su estado y han pedido en medios de comunicación que se respete la vida de los agentes y se facilite su retorno lo antes posible.
En la Dijín, la institución a la que pertenecen los uniformados, se activaron los protocolos de búsqueda y se mantiene comunicación con las autoridades del departamento, Fuerzas Militares y organismos humanitarios.
El secuestro de funcionarios públicos en el contexto del conflicto armado interno colombiano ha sido reiteradamente repudiado por la comunidad internacional, que solicitó respeto por la dignidad y la vida de quienes se encuentran privados de la libertad.
Las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, así como los acuerdos humanitarios pactados previamente, han contemplado la liberación de personas secuestradas, pero estos episodios continúan registrándose en diversos puntos del país.
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