Corte Constitucional rechazó el intento del Ministerio de Salud de reabrir debate sobre la UPC

El 22 de julio de 2025, la Corte Constitucional emitió el Auto 1000 de 2025, mediante el cual rechazó formalmente la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social contra el Auto 504 de 2025.

Este último había adoptado medidas cautelares relacionadas con la mesa técnica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), una instancia clave en el sistema de financiación del aseguramiento en salud en Colombia.

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La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 fue la encargada de evaluar el requerimiento del Ministerio, en el que se formulaban seis interrogantes supuestamente derivados de expresiones ambiguas en el Auto 504. El Ministerio alegó que esas presuntas ambigüedades hacían necesario precisar el contenido del fallo para cumplir correctamente con lo ordenado por la Corte.

Uno de los temas que motivó la solicitud fue la afirmación contenida en el Auto 504 sobre un supuesto rezago en la UPC. Para el Ministerio de Salud, esa afirmación no estaba debidamente sustentada desde el punto de vista técnico, por lo que también cuestionó la competencia de la Corte para pronunciarse sobre asuntos tan especializados como el cálculo de dicha unidad.

Para entender la dimensión de este debate es importante precisar que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el monto que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, con el fin de cubrir servicios y tecnologías del Plan de Beneficios en Salud. El rezago en la UPC, por su parte, hace referencia a un porcentaje de dicho valor que no se reconoció en una vigencia y que, por tanto, se acumula como deuda para la siguiente.

La discusión sobre el rezago en la UPC es especialmente sensible, dado que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la calidad del servicio que reciben millones de colombianos. Sin embargo, según la Corte, este tipo de discusiones no deben canalizarse por medio de una solicitud de aclaración, ya que este mecanismo no está diseñado para reabrir debates de fondo ni para cuestionar decisiones ya adoptadas en una providencia judicial.

En su decisión, la Sala Especial concluyó que, si bien se superaban los requisitos de legitimación y oportunidad, la solicitud no cumplía con el requisito de carga argumentativa. En otras palabras, los interrogantes del Ministerio no expresaban dudas reales sobre el contenido del auto 504 ni generaban confusión que impidiera su ejecución.

Tal como lo establece el Auto 1000 de 2025, “los interrogantes formulados no expresaban dudas genuinas sobre expresiones ambiguas de la providencia ni generaban confusión que pudiera obstaculizar el cumplimiento. Por el contrario, evidenció que estos planteamientos pretendían reabrir debates concluidos, controvertir decisiones de fondo y solicitar precisiones técnicas que exceden el objeto de una solicitud de aclaración”.

Ante esto, la Corte reafirmó que el mecanismo de solicitud de aclaración tiene un objeto limitado, consistente únicamente en resolver confusiones razonables sobre el alcance de una decisión judicial, y no en revisar o modificar el contenido de la providencia.

Aunque la decisión fue mayoritaria, el magistrado Vladimir Fernández Andrade aclaró su voto. Aunque no se conocen los detalles de su aclaración en el documento consultado, este tipo de disensos reflejan la complejidad jurídica que suelen tener los casos en los que se debate la relación entre las funciones de la Corte Constitucional y las competencias técnicas de entidades del Gobierno.

Por su parte, el magistrado ponente del Auto 1000 de 2025 fue José Fernando Reyes Cuartas, que ha liderado varias providencias relacionadas con el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, una sentencia emblemática en la defensa del derecho fundamental a la salud en Colombia.