Secretaría de Salud de Bogotá anunció que dejará de contratar servicios de seguridad canina: esta es la razón

En línea con la Ley Lorenzo, que establece nuevas y mejores condiciones para los perros de vigilancia, la Secretaría de Salud de Bogotá anunció que desde el segundo semestre del 2025 dejará de contratar en su dos sedes, carrera 32 y Hospital San Juan de Dios, servicios de seguridad canina.

Así lo dio a conocer el subsecretario Corporativo de la entidad de la cartera distrital, Juan Guillermo Correa García.

“Se tomó la decisión de no vincular más perros de vigilancia dentro del contrato de seguridad privada. Esto, en el marco del Modelo de Atención en Salud que propende no solamente por el bienestar de las personas, sino también de los animales”, informó Correa García.

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En un comunicado de prensa, publicado en medio de las celebraciones por el 20 de julio, la entidad explicó que “si bien la Ley Lorenzo dentro de su alcance regula el uso de perros en vigilancia privada, estableciendo condiciones dignas para los caninos, la Secretaría de Salud decidió ir más allá”.

En su lugar, la Secretaría implementará cámaras, sensores y alarmas con los que se garantice la seguridad de sus trabajadores y se dé un paso al frente, como pioneros de un modelo tecnológico y libre de crueldad animal.

Según Correa, este avance “ha representado retos importantes para el ente en salud, ya que ha sido necesario desarrollar nuevas capacidades humanas y contar con nuevos medios tecnológicos. Sin embargo, todo el esfuerzo vale la pena por la protección de los animales”.

La cartera distrital de salud hicieron un llamado a otras entidades para “dar el paso” y dejar de contratar servicios de vigilancia canina. Una invitación que, de igual manera, extendieron al sector privado y a las empresas de seguridad.

De acuerdo con Correa, “las condiciones están dadas no solo en términos tecnológicos, sino también normativos. El país cuenta con la nueva Ley Lorenzo, que respalda y promueve este tipo de iniciativas”.

Con la promulgación de la Ley Lorenzo, las empresas dedicadas a la seguridad privada en Colombia deberán implementar normas estrictas para garantizar el bienestar de los perros utilizados en labores de vigilancia. Una de las principales novedades consiste en la reducción del periodo máximo de servicio para los canes, que se acortará de ocho a seis años. Esta medida busca asegurar una mejor calidad de vida para los animales empleados en el sector.

Actualmente existen en el país 108 empresas registradas que emplean aproximadamente 5.895 perros en tareas de seguridad. Con la entrada en vigor de la Ley Lorenzo, todas estas compañías tendrán que ajustar sus procedimientos y cumplir con un marco regulatorio que da prioridad al bienestar animal.

La legislación exige la elaboración de planes integrales de bienestar y retiro para los perros, incluyendo espacios apropiados para descanso, periodos de esparcimiento, dietas de alta calidad y protección contra climas extremos.

Entre las modificaciones que introdujo la normativa, se establece una corresponsabilidad entre las empresas de vigilancia y quienes contraten sus servicios. Ambos deberán asegurar el acceso permanente a atención veterinaria para los perros, de modo que puedan ser atendidos, sin demora, ante cualquier incidente que ponga su vida en riesgo.

Así lo explicó el representante a la Cámara Daniel Carvalho, que impulso la iniciativa junto a la senadora Andrea Padilla: “Los perros se han vuelto parte fundamental de la sociedad y por eso merecen unas condiciones de vida dignas”.

Además, la Ley Lorenzo establece la creación de un Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada, que permitirá un control sistemático sobre el historial, el estado de salud y las condiciones laborales de cada animal, facilitando el seguimiento y la rendición de cuentas por parte de las empresas y autoridades competentes, según detalló El Congreso de la República.

Para asegurar la aplicación de la Ley Lorenzo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en coordinación con las entidades territoriales, tendrá a su cargo las labores de inspección y supervisión. Entre las acciones requeridas destaca la instalación obligatoria de cámaras de monitoreo en los puestos de trabajo y en los caniles donde reposan los perros, que permitan verificar, en todo momento, su estado y condiciones de vida.