El exministro exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes, también exministro de Comercio, Industria y Turismo, compareció el 21 de julio ante la Corte Suprema de Justicia para dar testimonio ante una investigación que sacude los cimientos del Gobierno Petro.
Antes de ingresar al Palacio de Justicia para hacerlo, confirmó que declararía contra las movidas del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que habría cometido irregularidades con los denominados “cupos indicativos”.
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“Voy a testificar frente a la Corte Suprema por la corrupción de cupos indicativos que se hizo desde el ministerio de Ricardo Bonilla, quien buscó desviar la atención de denuncias que yo estaba haciendo no solo internamente en el Gobierno siendo director de la Dian, sino posteriormente en la Fiscalía también siendo director de la Dian y ante la misma Corte Suprema”.
Su testimonio, que involucra a más de 30 congresistas y a altos funcionarios del Estado, se convirtió en el eje de un proceso judicial que busca esclarecer la presunta adjudicación irregular de contratos públicos a través del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Congresistas salpicados en corrupción
La comparecencia de Reyes ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema responde a un proceso que investiga posibles irregularidades en la entrega de millonarios contratos de obra pública desde el Invías. El exministro entregó un listado con al menos 30 nombres de congresistas y excongresistas que habrían intervenido de manera ilegal en la gestión de contratos del instituto.
Entre los mencionados figuran figuras de peso como Roy Barreras, Efraín Cepeda, Olga Lucía Velásquez, Julio César Chagüi, Wilmer Carrillo, Daniel Restrepo y Juan Carlos Garcés. La magnitud de los señalamientos puso bajo la lupa a buena parte del Congreso y abrió un debate sobre la relación entre el poder legislativo y la administración de recursos públicos.
Reyes fue enfático al señalar a Ricardo Bonilla como responsable de intentar desviar la atención de las denuncias que él mismo venía presentando desde 2023.
“Desafortunadamente, la campaña de desprestigio frente a mi gestión en la Dian creo que empieza a cobrar mucho más sentido porque es una campaña auspiciada por el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla”, afirmó “Mr. Taxes”. El exdirector de la entidad tributaria sostuvo que las alertas sobre la corrupción en la asignación de los llamados “cupos indicativos” fueron inicialmente presentadas dentro del propio Gobierno, luego ante la Fiscalía General de la Nación y, finalmente, ante la Corte Suprema.
En qué consisten los ‘cupos indicativos’
El concepto de “cupos indicativos” se convirtió en el centro de la controversia. Según explicó Reyes, estos cupos consisten en la asignación de recursos públicos a proyectos específicos, gestionados por medio del Ministerio de Hacienda y, presuntamente, utilizados como moneda de cambio para obtener apoyos legislativos.
“Yo fui, quizá, la primera persona en alertar al interior del Gobierno acerca de las irregularidades que yo escuchaba, manejo de cupos indicativos al interior del Ministerio de Hacienda. En 2023 le manifesté al presidente Petro que la señora Andrea Ramírez seguía manejando el mismo sistema de cupos que se venía manejando desde gobiernos anteriores”, relató.
La figura de Andrea Ramírez, asesora del exministro Bonilla y enlace con el Congreso de la República, aparece como pieza clave en el entramado. Según reveló Semana, la funcionaria habría confesado la existencia de una “matriz” con los nombres de congresistas y los contratos que recibían atención prioritaria, lo que habría facilitado la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Corrupción en la Ungrd
El escándalo de los contratos en el Invías se suma al ya conocido caso de la Ungrd, que llevó a la detención de dos congresistas: Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. Ambos fueron enviados a prisión por orden del alto tribunal, que los investiga por su presunta participación en el direccionamiento de contratos y la recepción de sobornos. En ambos procesos se investiga un patrón común: la entrega irregular de contratos a través de intermediarios políticos, con la colaboración de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Ungrd.
La exasesora María Alejandra Benavides emergío también como testigo clave en las investigaciones. Su colaboración con la Fiscalía, a cambio de un principio de oportunidad, podría arrojar luz sobre la mecánica interna de la corrupción en la asignación de contratos públicos.
La Corte Suprema ya escuchó a otros exfuncionarios, como los exministros Alberto Carrasquilla y Ricardo Bonilla, así como a María Constanza García, exdirectora del Invías. Las diligencias buscan determinar si existió presión política sobre las entidades estatales para direccionar contratos a cambio de apoyos legislativos.
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